Desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, Nicolás Maduro viene implementando un brutal régimen de represión en Venezuela del que han sido víctimas miles de personas, entre ellos ciudadanos colombianos, según un informe publicado este miércoles por la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW).
Basado en decenas de entrevistas con afectados, familiares, testigos y miembros de organizaciones de derechos humanos, así como el análisis de más de 90 videos y fotografías de los hechos, el reporte titulado ‘Castigados por buscar un cambio’ acusa a las autoridades de este país y a los llamados “colectivos” de cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.
Entre las víctimas, dice esta organización, se encuentran manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición, personas que criticaron al régimen y más de 70 extranjeros, muchos de los cuales permanecen desaparecidos.
El régimen, dice la organización, desató su maquinaria de represión para apagar las protestas que surgieron luego de que Maduro se declara ganador pese a las actas de escrutinio filtradas por la oposición y validadas tanto por Naciones Unidas como el Centro Carter demostraban el claro triunfo del líder opositor Edmundo González Urrutia.
HRW dice haber documentado el asesinato de por lo menos 24 personas en los días posteriores a las elecciones en Venezuela que atribuye tanto al Gobierno como a los colectivos. Así mismo, sostiene que desde entonces han sido arrestadas más de 2.000 personas por protestar, expresar críticas, mostrar apoyo a la oposición o simplemente por estar en el lugar equivocado.
A muchos, afirma, se les imputaron cargos vagamente definidos, como “incitación al odio” y “terrorismo”, que podrían conllevar penas de hasta 30 años de prisión.
Los detenidos, incluidos adolescentes, fueron frecuentemente privados de su derecho a la defensa legal, obligados a asistir a audiencias virtuales masivas y sometidos a procesos judiciales plagados de irregularidades. Algunos incluso firmaron declaraciones forzadas o grabaron videos bajo coacción, declarando falsamente que sus derechos habían sido respetados, sostiene esta organización.
Colombianos, entre los detenidos, torturados y desaparecidos en Venezuela
Según HRW, la tortura ha sido un componente habitual en el trato a los detenidos, que reportan asfixia con bolsas plásticas, golpizas severas y amenazas de muerte como estrategia para obtener confesiones forzadas o la delación de otros opositores.
Así mismo, la ONG denuncia que las desapariciones forzadas se han convertido en otra herramienta sistemática de la represión y se desconoce aún el paradero de decenas de personas.
En el informe, HRW sostiene que unas 150 personas, de más de 25 países, han sido detenidas y o desaparecidas durante el periodo de tiempo investigado. Entre ellas, 14 colombianos.
De acuerdo con un reporte reciente de Foro Penal, que cita HRW, 71 extranjeros aún estarían retenidos en este país.
“El gobierno venezolano ha asesinado, torturado, detenido y desaparecido a personas que apostaron por la democracia en Venezuela. La comunidad internacional debería reafirmar su compromiso por la democracia y los derechos humanos en Venezuela y presionar para que el gobierno de Maduro rinda cuentas por las atrocidades que ha cometido” señala Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas en Human Rights Watch.
Entre los colombianos, la ONG cita el caso de Manuel Tique, que fue detenido el pasado 14 de septiembre por las fuerzas de seguridad de este país cuando atravesó la frontera como parte de su trabajo con el Consejo Danés para los Refugiados.
“Las autoridades venezolanas se han negado a proporcionar información a los familiares sobre el paradero de Tique o los cargos penales que se le imputan. Su familia sospecha que se encuentra en la cárcel Rodeo I, de acuerdo con información obtenida por una persona que estuvo detenida allí”, dice el reporte.
También menciona la situación de Arlei Danilo Espitia Lara, un agricultor detenido mientras ayudaba a una amiga a sacar un visado y que ahora acusan de ser un líder paramilitar, y el de Kevin José Saavedra Basallo, detenido tras mostrar su libreta militar, y que su familia sigue sin encontrar.
Documentan, igualmente el caso de Brayan Sair Navarro Cáceres, un conductor al que bajaron de un bus cuando regresaba a Venezuela y está desaparecido desde entonces, y el de Danner Gonzalo Barajas Luque, obrero que viajó a este país para visitar a su mamá a finales del año pasado, pero fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana y tampoco hay información sobre su paradero.
El modelo Trump pone en riesgo la vida de miles de venezolanos
Según el reporte, desde que comenzó la represión, muchos venezolanos han abandonado el país en búsqueda de protección en el exterior, pero se enfrentan a un sistema de asilo plagado de retrasos a lo largo de América Latina y con las puertas cerradas en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha suspendido los procesos de asilo y refugio.
En el informe, HRW advierte que el énfasis de Trump en lograr acuerdos de cooperación para el retorno de migrantes, en detrimento de los esfuerzos por defender los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela, podría ser emulado por otros países de la región.
Algo que podría ser aprovechado por Maduro para legitimar su poder y que probablemente desencadenará nuevos éxodos de refugiados y migrantes venezolanos por la región y el mundo.
“Con ocho millones de venezolanos en el extranjero, la situación en Venezuela constituye la crisis de derechos humanos con más consecuencias para el hemisferio. Una respuesta internacional sostenida y basada en principios claros es crucial para toda la región. Los gobiernos extranjeros deberían asegurarse de que cualquier acercamiento con el gobierno de Maduro sea para lograr mejoras verificables en materia de derechos humanos, incluyendo la liberación de las víctimas de desaparición forzada o detención arbitraria”, dice Goebertus.
Entre sus recomendaciones, HRW pide a los gobiernos apoyar los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas de Maduro, incluyendo la “imposición de sanciones individuales” y el respaldo al trabajo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de la Corte Penal Internacional (CPI).
También, ampliar la asistencia dirigida a organizaciones de la sociedad civil venezolana, periodistas independientes y organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos y expandir la protección que se les ofrece a los que están escapando del régimen.
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