El superintendente de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), José Elías Cabrera, informó que su equipo ha iniciado una intervención en el Hospital Central de la Policía Nacional (PNP) para investigar la muerte de una paciente que se sometió a una liposucción ilegal en este nosocomio que atiende exclusivamente intervenciones quirúrgicas a efectivos o familiares víctimas de atentados durante el cumplimiento de su deber.
“Hemos dejado al equipo trabajando y tenemos toda la autorización para intervenir el hospital. He solicitado el acceso directo a la información precisa y objetiva, y vamos a informar a la prensa una vez tengamos la evidencia. Basándonos en esa evidencia, daremos los resultados”, declaró en las afueras del establecimiento.
Cabrera también hizo un llamado a la familia de la víctima —una madre de seis hijos, sin vínculo con la PNP— para obtener la autorización necesaria para acceder a la historia clínica. “Pedimos e invocamos a la familia de la afectada que nos den la autorización para revisar la historia clínica y así poder restituir los derechos vulnerados en la muerte de la paciente”, indicó.
Según un informe de Punto Final, la paciente fue registrada como conviviente del suboficial retirado Juan José Regalado para acceder a la operación, que se efectuó a finales de julio con recursos del Estado. Documentos clasificados revelaron que el diagnóstico de “lipodistrofia abdominal” se utilizó para justificar atención urgente, aunque los procedimientos realizados —liposucción, lipoimplante y termolipo— no corresponden a emergencias médicas.
La investigación de la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) indicó que la causa de muerte fue hemoperitoneo, posquirúrgico y laceración de la vena renal izquierda. De acuerdo con el dominical, el jefe del Departamento de Cirugía Plástica, el coronel Luis Prado Valenzuela, lideró la cirugía irregular. Otros cinco médicos policías están involucrados, además del anestesiólogo Juan Campos Aguirre, quien no presta servicios para la PNP.
A través de un comunicado, la PNP indicó que el deceso de la paciente “fue comunicado a las autoridades competentes para las diligencias respectivas” y que el caso es investigado también por el 4.º Despacho de la 3ra Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cercado de Lima, Jesús María y Rímac. “Además, la Dirección contra la Corrupción ha iniciado una investigación por presunta comisión de delito de peculado de uso y otros cargos”, se lee en la misiva.
La institución policial agregó que su Inspectoría General ha comenzado un proceso administrativo disciplinario para establecer las responsabilidades de los efectivos policiales vinculados al hecho y precisó que el comando designó al general Eduardo Tristán, director nacional del Régimen de Salud PNP, para proporcionar detalles sobre lo ocurrido. “Sin embargo, la productora del programa dominical no ha facilitado la versión institucional durante la emisión”, aseguró.
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Actualmente, la PNP se encuentra bajo la sombra de la corrupción debido a recientes escándalos que han implicado a varios de sus miembros. Según el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024, la institución policial de Lima Metropolitana ocupa el primer lugar entre las entidades del Gobierno con mayor riesgo de corrupción, con un puntaje de 75.7.
Solo esta semana, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el suboficial Salomón Quispe Mamani, asesino confeso de una familia extranjera dentro de un bus interprovincial. El crimen ocurrió el último lunes a la altura del kilómetro 185 de la Panamericana Sur, en Chincha, cuando el agente abrió fuego contra tres pasajeros, dos de nacionalidad venezolana y uno, de dominicana.
