Foto de archivo de un sector de Caracas durante un apagón. Jul 22, 2019. REUTERS/Manaure Quintero
Daniela estaba en casa de su mamá aquel 7 de marzo de 2019 porque no tenía internet en su apartamento, ubicado en el estado Bolívar. En el transcurso del día, se fue informando por las redes sociales de cómo el país se iba apagando poco a poco.
Por Ahiana Figueroa, Brian Contreras, Jhoalys Siverio, Marisabel Díaz / talcualdigital.com
«No me preocupé en ese momento. Lamentablemente solemos pensar que si no me afecta, no pasa nada. Recuerdo que le dije a mi mamá: bueno, si se va la luz, al menos tenemos gas porque con la cocina eléctrica sería triste para nosotras», recordó.
Se fue a dormir con la idea de que Bolívar no sería afectado por la falla eléctrica. Esta región alberga al embalse El Guri, el cual se encuentra delimitado por la represa del mismo nombre y en donde se encuentra la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar. Sin embargo, pasadas las 10:00 p.m., le tocó el turno, luego de un corte eléctrico en una fase y a las 12:00 de la medianoche todo el estado quedó completamente a oscuras.
«Sentí mucha incertidumbre. Fue cuando caí en cuenta de que todo el país estaba sin luz. No sabía qué pasaba porque hasta perdí señal telefónica. Solo agradecía porque en casa de mi mamá habían surtido gas y teníamos comida», agregó.
Este jueves 7 de marzo se cumplen cinco años del mega apagón que dejó a millones de venezolanos sin servicio eléctrico por casi una semana en 20 de los 23 estados del país y, que a su vez afectó los sistemas de telecomunicaciones y de suministro de agua potable. Hoy, en 2024, Venezuela padece de un apagón continuado, al ejecutarse desde el Estado un plan de racionamiento eléctrico que se extiende más allá de las horas programadas, al ocurrir continuas fallas en el servicio que duran desde minutos hasta horas, y tras las explosiones e incendios de plantas o transformadores.
Nueve años antes del mega apagón, el fallecido presidente Hugo Chávez había decretado una emergencia eléctrica para solventar las fallas de la infraestructura a través del financiamiento y acuerdos con empresas privadas, para compras de equipos sin necesidad de llamar a licitación. Lo ocurrido en 2019, evidenció que este plan fue un absoluto fracaso.
Un reporte de la ONG Transparencia Venezuela determinó que 61% de los recursos destinados al sistema eléctrico fue desviado en hechos irregulares. La investigación detectó que entre 1999 a 2016 se erogó un monto de 37.600 millones de dólares, en planes donde se descubrieron «sobreprecios» y actos de corrupción estimados en $23.033 millones.
Christi Rangel, coordinadora de Transparencia Venezuela, sostiene —además— que en el sector eléctrico se han tomado decisiones que afectaron al sistema. Por ejemplo, las termoeléctricas que funcionaban como Planta Centro, sufrieron daños con las obras de ampliación que se llegaron a ejecutar y por utilizar un combustible no apto para su operatividad.
La estatización de las empresas del sector ocurrió con la creación de la Corporación Eléctrica Nacional en 2007. El control total se alcanzó en 2010 cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que convirtió a Corpoelec en el operador único en los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización.
Rangel agregó un tema que ha sido recurrente: los recursos que se destinan al sistema eléctrico a través de las leyes de presupuesto y de endeudamiento. En los documentos oficiales de los ejercicios fiscales de cada uno de los últimos años, se aprueban financiamientos para las mismas obras de los cuales no hay avances.
«El proyecto de la Central Hidroeléctrica de Tocoma ha aparecido en las leyes especiales de endeudamiento como receptor de recursos desde hace varios años, aunque está paralizada la obra. Incluso en la Ley Especial de Endeudamiento de este año 2024, tiene una asignación de 66 millones de dólares. Esta obra junto con otras de electricidad recibirán recursos por deuda de 661 millones de dólares», explicó.
