La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron el jueves las prácticas de violencia institucional en Venezuela calificadas como terrorismo de Estado, incluyendo represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política, en el marco de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
«El régimen en el poder está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder. Venezuela debe cesar las prácticas violatorias de derechos humanos inmediatamente, restablecer el orden democrático y el Estado de derecho», señaló un comunicado publicado por la CIDH y RELE.
Repudiaron las 1.393 detenciones, incluidos arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas, así como la muerte de 23 personas en el contexto de las protestas contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, según datos de organizaciones civiles.
Destacaron que las manifestaciones expontáneas se generaron «tras la conferencia de prensa del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien, de manera unilateral, declaró a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones, sin proporcionar la totalidad de las actas de votación o datos estadísticos desglosados, como exige la ley electoral venezolana».
«Hasta la fecha, el CNE no ha hecho públicas las actas electorales ni proporcionó la información necesaria para refutar las serias alegaciones de fraude electoral, insistiendo en declarar a Nicolás Maduro como vencedor sin la documentación o datos estadísticos requeridos», señaló el comunicado.
CIDH y RELE exponen patrones de represión en Venezuela
La CIDH y RELE expusieron el patrón de represión usado por el Estado en contexto poselectoral. Detectaron uso arbitrario de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, persecución judicial y hostigamiento, censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, y obstáculos a la labor de defensa de derechos humanos.
«La CIDH observa que las muertes registradas en el contexto de la represión podrían caracterizarse como ejecuciones extrajudiciales y generar responsabilidad internacional para el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad penal individual de los perpetradores. Asimismo, advierte a la comunidad internacional por las acciones de grupos armados no-estatales, quienes actúan con tolerancia, colaboración o aquiescencia del Estado venezolano», señalaron.
Destacaron que el grave patrón de detenciones arbitrarias en el contexto actual no es nuevo, sino que «forma parte de una estrategia que castiga la oposición, la disidencia y la defensa de los derechos humanos».
Asimismo, los organismos indicaron que «las personas detenidas en este contexto están siendo sometidas a procesos penales por delitos redactados de forma ambigua y amplia que, además de tener penas excesivamente altas, atentan contra el ejercicio de la libertad de expresión y buscan generar un efecto paralizador por temor a la persecución judicial».
La CIDH y su Relatoría Especial también mencionaron las agresiones y ataques orientados a silenciar las expresiones críticas o disidentes y la información de periodistas y medios de comunicación. «La falta de garantías para el ejercicio de este derecho en el contexto actual erosiona gravemente la confianza ciudadana en las instituciones y en el proceso electoral», añade el texto.
Destacaron las medidas de represión adoptadas por Estado contra la labor de defensa de derechos humanos mediante detenciones arbitrarias, hostigamientos, limitaciones a la libertad de locomoción y restricciones ilegítimas a la libertad de asociación.
Piden a la comunidad interamericana reconocer la grave situación de Venezuela
La CIDH y la RELE hicieron un llamado a la comunidad interamericana a reconocer “esta grave situación, mantenerse vigilante frente a la escalada represiva y velar por la protección tanto de la información electoral disponible como de la ciudadanía que la ha salvaguardado”.
Asimismo, instaron a activar de forma concertada canales diplomáticos tanto bilaterales como multilaterales para la transición a la democracia.
«Las violaciones de derechos humanos registradas en la actual crisis política y electoral agravan las problemáticas estructurales ya existentes, como la falta de acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como la movilidad forzada de personas», alertaron.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la reactivación de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI Venezuela) con el objeto de fortalecer el monitoreo, la protección y la respuesta oportuna de sus mecanismos.
«El Estado venezolano está obligado internacionalmente a respetar y garantizar derechos humanos. En ese marco, debe actuar en cumplimiento de sus deberes y cesar, de manera inmediata, todo patrón de represión y prácticas que buscan generar terror en su propia población», indicó la CIDH y RELE
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