La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este miércoles medidas cautelares a favor del líder opositor Juan Pablo Guanipa Villalobos, tras considerar que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela.
El abogado, de 59 años de edad y precandidato presidencial del partido Primero Justicia, ha denunciado varios intentos de detención en su contra en las manifestaciones en las que participó, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador, lo que el antichavismo considera fraudulento.
Según la parte solicitante, Guanipa “ha sido objeto de intimidaciones, hostigamientos y agresiones, por lo menos, desde 2016”. Y en agosto pasado habría sido perseguido al menos dos veces por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), después de manifestarse a favor de Edmundo González Urrutia, que se encuentra exiliado en España.
Además, varios integrantes de la familia del líder también habrían sido hostigados, el pasado 26 de septiembre el hermano de Guanipa supuestamente fue detenido sin que se le informara formalmente los motivos de su detención. También se desconoce el lugar de reclusión en el que se encuentra.
En una declaración, la CIDH solicitó al Estado de Venezuela adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de Guanipa, ex primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
El organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió específicamente que el Estado venezolano asegure que sus agentes “respeten los derechos y la integridad personal” del líder opositor de acuerdo con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros.
Guanipa hace parte de los miembros de la oposición venezolana, como la líder María Corina Machado, que han tenido que abandonar las manifestaciones en la calle en contra del régimen por temor a sufrir represalias e incluso abandonar su hogar, en su caso, el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), según dijo a EFE en una entrevista reciente.
Al menos 157 políticos opositores y activistas sociales están detenidos en Venezuela actualmente, buena parte de ellos colaboradores de González Urrutia y Machado, de acuerdo al Comité de Derechos Humanos de la formación Vente Venezuela (VV), liderada por la exdiputada.
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