El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Venezuela firmó un acuerdo con la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg), con el objetivo de fortalecer los procesos de averiguación policial relacionados con delitos como financiación al terrorismo y lavado de dinero.
Este acuerdo «permitirá (a las autoridades) asesorar, recomendar y cooperar en materia de investigaciones de delitos como legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva», según un boletín difundido en Instagram por el director del Cicpc, Douglas Rico.
Se trata de «estrechar lazos interinstitucionales» y de «unir esfuerzos para lograr objetivos de interés común», con el fin de trabajar de manera conjunta y «así minimizar la proliferación» de estos flagelos, indica el escrito.
El Cicpc suscribe este acuerdo con la Sudeaseg justo cuando se han disparado las acusaciones de terrorismo, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial, que dio la victoria a Nicolás Maduro, ha sido señalado de fraudulento por la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Según la organización no gubernamental Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país, cerca de 1.500 personas fueron detenidas en el contexto poselectoral y permanecen tras las rejas, decenas de ellas acusadas de terrorismo por haber participado en las protestas contra el resultado de los comicios.
Asimismo, la Fiscalía y el Gobierno tildan de terrorista al abanderado de la PUD, Edmundo González Urrutia, quien asegura haber ganado las presidenciales, un reclamo que cuenta con el apoyo de numerosos países, mientras que Maduro es respaldado por todas las instituciones del Estado, incluyendo la Fuerza Armada y el Tribunal Supremo de Justicia, que convalidó su controvertida reelección.
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