Los limeños tuvieron dificultades para movilizarse en transporte público este jueves ante el inicio de una huelga de choferes que reclaman al gobierno medidas efectivas ante el aumento de las extorsiones.
Algunos mercados mayoristas de alimentos también dejaron de atender en apoyo a la paralización, que además se acató, aunque con menos contundencia, en el interior del país.
Es la segunda huelga de transportistas en menos de un mes en Lima, donde quedaron suspendidas las clases presenciales para casi dos millones de escolares, se priorizó el trabajo remoto para los que puedan hacerlo y se dio tolerancia de hasta cuatro horas para el ingreso de trabajadores.
Imágenes de la televisión local mostraron desde temprano a cientos de personas tratando de movilizarse con los pocos autobuses que circulaban. La policía y las fuerzas armadas transportaron en sus propios vehículos a desesperados trabajadores que intentaban llegar a su destino.
«El crimen organizado ha penetrado las instituciones, ¿hasta cuándo?. Hoy están matando ambulantes, no están matando a empresarios, están matando a la clase trabajadora», dijo Elmer Velásquez, dirigente de un gremio de transporte urbano.
En un mercado de la periferia del norte de Lima, que atendía de forma mínima, se leía en un letrero gigante: “No a la extorsión”.
«No hay tiempo para débiles… Acá estamos junto a nuestra Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas para derrotar a los que han hecho del crimen y de la delincuencia su modo de vida. Quieren arrebatar la tranquilidad de nuestros compatriotas con esto y no se los vamos a permitir», dijo la presidenta Dina Boluarte la tarde del jueves.
Al menos 300 manifestantes, entre choferes y personas que apoyan la huelga, llegaron cerca de la sede del Congreso en el centro de Lima, para demandar que se derogue una reciente ley contra el delito y que consideran favorece a los criminales.
La policía utilizó gases lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, que arrojaron a los agentes botellas y palos.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que «la situación es de absolutra tranquilidad» y recordó que un tren eléctrico y un sistema de autobuses de tránsito rápido, que cubren el 12 % de la demanda diaria de transporte en Lima, funcionaban sin problemas.
Catorce distritos de Lima fueron declarados en emergencia por el gobierno hace dos semanas para facultar a los militares a ayudar a la policía a luchar contra la inseguridad, en medio además de criticas de empresas formales que afirman que el Estado está perdiendo la batalla contra el crimen organizado.
La policía informó que detuvo a 13 personas en las primeras horas de protesta, porbloquear con piedras algunasvías en Lima, quemar llantas de gomas o atacar a vehículos en marcha.
Unos 10.000 policías y militares han salido a velar por la seguridad durante la huelga de chóferes, según el Gobierno.
La noche del lunes un chofer y tres pasajeros murieron acribillados en un minibús en una zona urbana del puerto del Callao. Otros tres pasajeros quedaron heridos. La policía no ha esclarecido el hecho y dos de los muertos eran trabajadores que retornaban a sus domicilios.
El primer ministro admitió que luego del estado de emergencia han continuado las extorsiones a bodegas, pequeños comercios y restaurantes.
Al menos otras seis personas han sido asesinadas por casos de extorsiones desde fines de agosto, según la policía.
Según un sondeo en agosto de la oficina estatal de estadística de Perú (INEI) y difundido a fines de septiembre, un 86 % de la población urbana del país percibe que en los próximos doce meses puede ser víctima de algún hecho delictivo.
En el 2023, la policía detuvo a 289 personas por el delito de extorsiones en todo el país, un aumento del 165 % comparado con el 2022, según datos del Ministerio de Interior.
El primer ministro Adrianzén dijo que algunos partidos de oposición y grupos radicales de izquierda están «politizando» la protesta y piden el cambio de la Constitución y hasta la destitución de la presidenta Dina Boluarte.
El gobierno de Boluarte envió la semana pasada al Congreso un proyecto de ley para castigar hasta con cadena perpetua los delitos de secuestro, sicariato y extorsión, para los que busca sean calificados como «terrorismo urbano».
[Con información de Reuters y AP]
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