“Chile no incentivará nuevos flujos migratorios” ni “cambiará su política migratoria fronteriza por una crisis en algún país de la región”, dijo a EFE el jefe del Servicio de Migraciones chileno, Eduardo Thayer, ante una posible llegada masiva de extranjeros al país suramericano, tras las investiduras de Nicolás Maduro, en Venezuela, y Donald Trump, en Estados Unidos.
“Primero hay que integrar a quienes ya están en el país y resolver las tensiones que se puedan dar o los problemas de integración y regularidad”, señaló la autoridad en una entrevista desde su oficina, en pleno centro de la capital.
Eduardo Thayer (Santiago, 1974), a cargo del Servicio de Migraciones (Sermig) desde marzo de 2022, cuando el presidente progresista Gabriel Boric llegó al poder, dice que si bien “es prematuro” hablar de una nueva ola migratoria, el gobierno chileno “seguirá aumentando el control fronterizo y reduciendo el ingreso irregular”.
El propio Sermig calcula que en 2024 los ingresos irregulares cayeron 37% respecto de 2023 y 48% respecto de 2022.
“Tener personas en situación irregular es un problema para la seguridad del país, para la integración y para la convivencia”, indicó Thayer, sociólogo de formación y militante del izquierdista Frente Amplio, igual que Boric.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 6,6% de la población extranjera residente en Chile se encuentra en situación irregular.
El director reconoce que el gobierno “está analizando” la posibilidad de abrir un proceso de regularización “acotado” a unas 180.000 personas, quienes se empadronaron voluntariamente en 2023 y que además tengan un arraigo laboral o familiar en el país.
“Esto distinguiría este proceso de cualquier otro realizado antes en Chile y en la región, en los que se han pedido pocos requisitos”, precisó.
“Avances significativos con Bolivia”
Durante el primer período de su gestión, Thayer enfrentó tensiones con países como Bolivia y Venezuela por su negativa de recibir a migrantes deportados desde Chile. Sin embargo, en su último año en el cargo, celebra logros «significativos», en especial con Bolivia.
Santiago y La Paz firmaron en diciembre un acuerdo histórico en el que ambos se comprometieron a aceptar el retorno de sus ciudadanos y de migrantes de terceros países.
“Se destrabó el impedimento de la reconducción y es el principal avance que hemos tenido en términos de colaboración migratoria con países vecinos”, explicó Thayer.
Con una población de 19,6 millones de personas, Chile acoge a cerca de 1,6 millones de migrantes, de los cuales casi 33% son venezolanos, el principal grupo de extranjeros en el país que desde julio no cuenta con apoyo consular.
“2024, el año con más expulsiones administrativas desde 2018”
Boric prometió a finales de 2023 que se expulsarían a más de 2.000 migrantes en 2024. Sin embargo, Thayer confirma que el año pasado hubo 1.091 expulsiones en total, de las cuales 683 fueron vía administrativa, “el doble –recalca– del promedio de expulsiones administrativas que se materializaron entre el 2008 y el 2021”.
“El 2024 es el año en que más expulsiones administrativas se han producido desde 2018”, añade.
Fundador y exdirector del Observatorio de Políticas Migratorias, que promueve el enfoque de derechos humanos en esta materia, y asesor de varios programas de la ONU, descarta que a medida que ha ido avanzando el mandato el gobierno haya endurecido su postura con la migración: “No ha habido ningún cambio –apunta–, más bien estamos implementando el programa”.
Recuerda que Boric habló en su campaña de la necesidad de reducir la migración irregular y, junto con las fuerzas armadas, retomar el control en la frontera con Perú y Bolivia que –afirma– tuvo “una gestión deficiente en el pasado”.
“Hay cierta resistencia (a la migración)”
La inmigración, que en los últimos años ha aumentado de forma exponencial en Chile, se ha convertido, según todas las encuestas, en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: “Hay una cierta resistencia en la sociedad”, asevera Thayer.
El Ejecutivo impulsó un proyecto de ley en junio de 2023 que aún se tramita en el Parlamento para ampliar las causales de sanciones por varios delitos, aumentar los requisitos para la nacionalidad chilena, elevar las penas a los responsables de tráfico de extranjeros y, entre otras, retirar la residencia a quienes cometan infracciones reiteradas relacionadas con la convivencia (riñas, ruidos molestos y venta ambulante).
“Buscamos prevenir los conflictos entre nacionales y extranjeros y que, si se dan, los gobiernos locales tengan herramientas para abordarlos”, sostiene.
Thayer espera que el proyecto se apruebe dentro del primer trimestre de 2025, aunque el verano austral deja solo el mes de marzo para conseguirlo.
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