Consuelo Hermosilla, de 57 años, madre de Antonia Garros (23), que se suicidó en 2017, representa un retrato en Concepción, Chile, el 29 de febrero de 2024. – El gobierno chileno aprobó una ley en diciembre de 2022 que penaliza el “femicidio suicida” y su inducción, conocida como “Ley Antonia”, una norma que, sin embargo, es difícil de implementar, según organizaciones feministas. (Foto de GUILLERMO SALGADO/AFP)
Antonia Garros se lanzó desde un piso 13 cuando volvió a ser agredida por su novio. “¡Loca de mierda, tírate!”, la incitó el hombre frente a dos policías que llegaron a atender la discusión de la pareja en un apartamento de Concepción, en el sur de Chile.
Tenía 23 años y estudiaba gastronomía.
Antonia Barra, otra universitaria chilena de 21 años, también acabó con su vida después de ser violada y amenazada.
Ambos casos impulsaron la aprobación de la ley que penaliza el suicidio feminicida y la inducción al mismo.
Chile, junto a El Salvador, Venezuela y Bolivia, es uno de los pocos países de América Latina que castiga ambas formas de violencia de género.
El 7 de febrero de 2017 no era la primera vez que Antonia Garros era golpeada por quien era su pareja desde hacía dos años. Pero esa noche no soportó y se arrojó al vacío, sostiene su madre, Consuelo Hermosilla.
“Él no la empujó físicamente; fue otro tipo de empujón”, dice a la AFP la mujer de 57 años.
Poco antes de saltar desde el balcón del departamento de su novio, dos policías fueron testigos de los insultos.
– “No veía ninguna solución” –
El 13 de octubre de 2019, Antonia Barra se ahorcó en su casa en Temuco, también en el sur de Chile.
Tres semanas antes había sido violada luego de asistir a una discoteca con amigos. Entre llantos, contó en un audio por WhatsApp lo que le había pasado. La grabación llegó a oídos de su agresor, que la amenazó.
“La quebró la amenaza de ser expuesta en las redes (…) no veía ninguna solución”, dice su padre, Alejandro Barra.
Coincidencialmente, por esa época, el colectivo feminista ‘Las Tesis’ se hacía mundialmente famoso por su himno “El violador eres tú”, en pleno estallido social en Chile.
Voluntarios de la Fundación Antonia trabajan en sus oficinas en Concepción, Chile, el 29 de febrero de 2024. – El gobierno chileno aprobó una ley en diciembre de 2022 que penaliza el “femicidio suicida” y su inducción, conocida como “Ley Antonia”, una pieza de legislación Sin embargo, esto es difícil de implementar, según las organizaciones feministas. (Foto de GUILLERMO SALGADO/AFP)
El caso de Barra generó gran conmoción. La audiencia contra el acusado, Martín Padrenas, fue seguida en redes por más de un millón de personas.
El audio de esta estudiante de ingeniería comercial animó a otras mujeres a denunciar a Padrenas, condenado finalmente a 17 años.
La Red chilena contra la violencia hacia las mujeres contabilizó en 2023 dos suicidios feminicidas y 48 feminicidios.
– Legislación integral –
Alejandro Barra hizo visible el caso de su hija. Su lucha ante la justicia y los medios se tradujo en la promulgación, en diciembre de 2022, de la “Ley Antonia“, que tipifica el suicidio feminicida y la inducción al mismo, con penas de hasta 10 años.
En casos como el de Antonia Barra la justicia solo sancionaba la violación.
La nueva legislación aumenta, además, el tiempo de prescripción del delito de abuso sexual en mayores de edad, de 5 a 10 años; protege los datos de las víctimas y prohíbe interrogatorios humillantes o degradantes.
“Con esta ley, el país avanzó hacia una legislación integral en atención y sanción de la violencia contra las mujeres, en particular en el reconocimiento de las graves consecuencias que este tipo de violencia tiene en la vida de las víctimas y del vínculo entre salud mental y violencia de género”, dijo a la AFP la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.
En abril del año pasado, Chile aprobó, además, la ley de reparación para víctimas de feminicidios que, entre otras cosas, entrega pensiones a niños y adolescentes cuyas madres fueron asesinadas o inducidas al suicidio.
Desde la fecha se han entregado 26 pensiones.
– Difícil de implementar –
Organizaciones feministas valoran el marco normativo, pero consideran difícil su aplicación. Entre otras razones citan las dificultades de probar el abuso y el daño psicológico.
“Esta ley es difícil de implementar”, porque implica reconocer que las mujeres se suicidan por violencia de genero “y eso, muchas veces los funcionarios que participan de estos procesos no lo comprenden”, dice Priscila González, integrante de la Red.
En su primer año, ningún caso ha sido investigado por la Fiscalía.
Dos meses antes de quitarse la vida, Antonia Garros había hecho una denuncia por agresión. Alcanzó a asistir a una sesión psicológica. Al día siguiente de su muerte, la buscaron para una nueva cita, recuerda su mamá.
Su pareja no pagó cárcel, apenas fue amonestado por agresiones leves ya que, al no convivir con ella, no pudo ser procesado por violencia intrafamiliar.
Como una forma de “buscar justicia“, Consuelo Hermosilla creó en la ciudad de Concepción (500 km al sur de Santiago) la “Fundación Antonia” dedicada a apoyar a “sobrevivientes” de violencia de género.
“Me interesa que algún chico agresor diga: sí, puedo cambiar, le estoy haciendo daño a una persona, o que las niñas puedan darse cuenta y pidan ayuda”, sostiene.
AFP
