
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó este lunes que la organización criminal internacional Tren de Aragua está casi desmantelada en el país gracias al trabajo del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
«También le estamos dando guerra (a la delincuencia), ustedes han visto estos días cuantos delincuentes han capturado el ministro del Interior y nuestra Policía. Prácticamente está desbaratado el Tren de Aragua», dijo Boluarte -según EFE- en la inauguración de un Instituto de Salud Mental de Lima.
La presidenta Boluarte expresó que espera que la Fiscalía y el Poder Judicial «no liberen a los delincuentes», ya que cuando lo hacen, estos se sienten más poderosos y actúan rápidamente, cometiendo homicidios.
La banda criminal Tren de Aragua, originaria de la cárcel venezolana de Tocorón, ha expandido su presencia en Colombia, Perú, Bolivia y Chile, siendo acusada de delitos como narcotráfico, extorsión, secuestros y asesinatos.
Hace una semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para designar como organizaciones terroristas a los carteles mexicanos, la pandilla MS-13 de El Salvador y el Tren de Aragua, algunos de cuyos miembros están involucrados en crímenes como sicariato y extorsión en Perú.
Boluarte señaló que la inseguridad en Perú es un problema que trasciende las fronteras del país, ya que es un fenómeno internacional. Por esta razón, el año pasado se reunió la Comunidad Andina (CAN) para coordinar esfuerzos en su abordaje.
La semana pasada, el primer ministro confirmó que Perú enfrenta «una ola de criminalidad sin precedentes», tal como lo había indicado el ministro del Interior, días antes de un atentado contra la sede fiscal en Trujillo, que dejó dos personas heridas.
Además, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció el viernes que el Parlamento debatirá un proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo, que califica ciertos delitos vinculados a la delincuencia común como «terrorismo urbano», en respuesta a la grave crisis de inseguridad que afecta a Perú.
El Gobierno de Boluarte presentó este proyecto de ley en octubre, con el objetivo de clasificar como «terrorismo urbano» los delitos de extorsión, secuestro y sicariato, en respuesta a las denuncias de transportistas y empresarios sobre la creciente criminalidad en el país.
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