El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afronta una crisis tras una serie de denuncias por posibles interceptaciones ilegales a los teléfonos celulares de los magistrados de la Corte Constitucional.
El mandatario colombiano ha insistido desde que se conoció la denuncia de los magistrados, que los organismos de inteligencia del Estado tienen la orden desde el primer día de su mandato de “no interferir las comunicaciones de las cortes, miembros de la prensa y oposición”.
“Soy un demócrata, el gobierno no intercepta comunicaciones (…) les llegan WhatsApp a los magistrados y se creen la red de WhatsApp. Se cree en el fake news. Están intentando debilitar al Gobierno, rompiendo sus relaciones internas y sus relaciones con las otras ramas del poder público, con fake news”, dijo el mandatario el martes en un evento de ascenso de generales de la policía.
Además, desde la oficina de prensa de la presidencia reiteraron que no se ha dado la orden de interceptar magistrados y anunciaron que iniciarán investigaciones para esclarecer los hechos.
Cómo comenzó el presunto caso de escuchas ilegales
Todo empezó el sábado cuando el magistrado Jorge Ibáñez comunicó que su teléfono estaría siendo interferido de forma irregular.
“Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”, dijo Ibáñez en una carta dirigida a la Fiscalía, y difundida por la Revista Semana.
La denuncia del juez conllevó a una reunión de los magistrados del alto tribunal con la Fiscalía, donde le expresaron al ente acusador colombiano las presuntas interceptaciones a sus teléfonos, quien anunció una investigación sobre los supuestos casos de espionaje.
Igualmente, a la denuncia del magistrado Ibáñez, se sumó el martes el requerimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el tribunal de paz surgido del acuerdo de paz de 2016, a la Fiscalía de investigar espionajes de los que estarían siendo víctimas sus magistrados.
“La Jurisdicción Especial para la Paz informa que le ha solicitado a la Fiscalía y a las autoridades competentes investigar las presuntas interceptaciones ilegales que se estarían realizando en contra de los despachos de las magistradas y magistrados de esta institución”, escribió la JEP en su cuenta de X.
Qué ha cambiado desde el sábado
El magistrado Jorge Ibáñez confirmó en rueda de prensa este miércoles que fue citado por la Fiscalía para ampliar información sobre las supuestas intervenciones a sus teléfonos en el marco del proceso de investigación que inició la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
“Yo ya he concurrido a la Fiscalía, como lo han hecho unos magistrados auxiliares a mi despacho a ampliar la información que está contenida en esa carta mediante la cual se puso en conocimiento unos hechos que yo llamé irregulares”, dijo el magistrado a medios, señalando además que no se considera una “víctima” y que no ha “formulado” una denuncia formal por estos hechos.
Por su parte, Carlos Ramón González, encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y una de las personas más allegadas al mandatario colombiano enfatizó tras una reunión este mismo miércoles en el Palacio de Justicia con el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, que no “hay pruebas concretas” sobre las supuestas interceptaciones a las comunicaciones de las que estarían siendo víctimas los magistrados.
“No hay una denuncia específica, solamente el magistrado Ibáñez puso sobre la mesa unas informaciones que ya la Fiscalía está investigando. Con todos los presidentes de las altas cortes y la Fiscalía concluimos hacer un documento de trabajo para que efectivamente a raíz de todos estos escándalos se realicen controles eficientes a todas las inteligencias que se realicen en este país”, dijo González, que aseguró además que “las instituciones del gobierno, del Estado colombiano, no se usan para perseguir ciudadanos”.
Espionajes ilegales en Colombia
El nuevo escándalo que arropa al gobierno colombiano, revive de nuevo las intervenciones ilegales que en el pasado también fueron víctimas magistrados, periodistas y políticos, entre ellos el mismo presidente Petro.
Durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), estalló el escándalo de seguimientos ilegales a las comunicaciones de varios opositores por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en un caso que se conoce como “chuzadas”.
Por este escándalo de espionaje fueron condenados varios funcionarios del gobierno, entre ellos María del Pilar Hurtado, exjefa del desaparecido DAS, y Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia de Colombia.
Por último, el antecesor del presidente Gustavo Petro, y rival político, el exmandatario Iván Duque (2018-2022), también se vio salpicado por el escándalo de escuchas ilegales a opositores y periodistas, que terminó con la salida de su comandante del Ejército, el general Nicasio Martínez.
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