El Tren de Aragua en Perú ha tenido un ascenso meteórico en el mundo del crimen, gracias a su afán por coparlo todo, principalmente en Lima. (Testigo Directo/Composición Infobae)
Las denuncias por casos de extorsión en Perú se incrementaron de 4.000 hace dos años a casi 20.000 en 2023, informó este domingo el diario El Comercio, que citó datos de la Fiscalía de la Nación.
El rotativo alertó en un informe que “las extorsiones han tomado el país” y precisó que las cifras de la Fiscalía señalan que durante este año se registraron 19.401 denuncias por este delito a nivel nacional.
“Es decir, casi cinco veces más que en el año 2021, donde solo se sumaron 4.119 en todo el Perú”, remarcó antes de indicar que este delito presenta mayor incidencia en los distritos del este y el norte de Lima Metropolitana, y en la región norteña de La Libertad.
Esas jurisdicciones también fueron las más golpeadas por la delincuencia en general, ya que bandas vinculadas a la organización criminal internacional el Tren de Aragua se asentaron en distritos limeños como San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Los Olivos.
Estas bandas, añadió, buscan “ejercer el control territorial del cobro de cupos y las extorsiones”, lo que se tradujo en “incontables casos de sicariato, ataques armados y detonaciones de explosivos como granadas”.
Especialistas consultados por el diario coincidieron en señalar que las autoridades deben reforzar la seguridad en los penales, regular la venta de chips de celulares y mejorar el trabajo de inteligencia policial.
Al respecto, el exministro del Interior Rubén Vargas, remarcó que “en materia de seguridad el Gobierno termina el 2023 absolutamente a la deriva”, mientras que el experto en seguridad ciudadana Frank Casas sostuvo que se debe tener en cuenta que “muchas víctimas no denuncian” un delito que está afectando “diferentes sectores y contextos socioeconómicos” del país.
Por su parte, el exdirector de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP) Juan Carlos Sotil sostuvo que “se necesita principalmente persecución policial inmediata” y que también “se debe potenciar la inteligencia en los penales”, desde donde se siguen manejando muchas de las bandas de delincuentes.
El miércoles pasado, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó que su Gobierno ha asumido “desde el primer día la tarea de defender el orden público y fortalecer la seguridad” ciudadana, que reconoció que es “reclamada” por la ciudadanía.
La PNP informó, además, que entre el 7 de diciembre de 2022 y el 7 de diciembre de 2023, desarticuló a 181 organizaciones criminales y 11.598 bandas criminales, además de haber capturado de 68.660 personas con requisitorias.
El Gobierno también ha anunciado que en 2024 destinará 16.213 millones de soles (4.335 millones de dólares), el presupuesto más alto en los últimos doce años, para tareas de orden y seguridad.
El primer ministro, Alberto Otárola, reiteró este sábado que el Ejecutivo fortalecerá la lucha contra la inseguridad ciudadana, ya que “la protección de la ciudadanía y la lucha contra la delincuencia organizada y el sicariato están en la agenda de la presidenta Dina Boluarte y de su Gobierno”, según dijo. EFE
