Hace poco más de un mes, y tras un proceso judicial de casi dos años que se inició en Argentina con la requisa de la aeronave y terminó en Estados Unidos con su desguace, el Estado venezolano perdió definitivamente el avión Boeing 747-300M de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la también estatal Conviasa.
“Le quitaron el color de la bandera, le desaparecieron el nombre, le borraron el nombre de Luisa Cáceres de Arismendi, le borraron el nombre de Emtrasur y luego lo descuartizaron y lo picaron a pedazos”, se indignaba Nicolás Maduro el pasado 29 de febrero, en una transmisión televisada desde el Jardín Botánico de Caracas, tras confirmarse el desmantelamiento del aparato.
Ese reclamo veloz de Maduro contrasta con el silencio que su gobierno ha mantenido desde 2014 en torno a la suerte de tres helicópteros Sikorsky AS-61D del Ejército enviados ese año a mantenimiento en el extranjero, de los que nunca más se supo.
El 7 de marzo de ese año, el Ministerio de la Defensa, a través del Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Sedefanb), contrató a Aeronet Consulting Corp, una compañía registrada en el estado de Florida, Estados Unidos, para el mantenimiento mayor de las tres aeronaves. Desde entonces no hay noticias de ellas.
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