El 4 de mayo de 2025 se celebra el centenario del presidente Luis Herrera Campins, quien nació en Acarigua (estado Portuguesa) precisamente el 4 de mayo de 1925 y falleció en Caracas el 9 de noviembre de 2007. Hizo los primeros estudios en su ciudad natal y completó el bachillerato en el afamado colegio La Salle de Barquisimeto (estado Lara), de donde egresaron importantes figuras públicas de la Venezuela del siglo XX. Inició sus estudios de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, pero los avatares de la política lo llevaron al exilio durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Terminó graduándose de abogado en la Universidad de Santiago de Compostela (España).
Luis Herrera Campins fue uno de los más distinguidos dirigentes del partido social cristiano Copei y uno de los principales propulsores del énfasis social del partido y de lo que debía ser su acción de gobierno. Durante muchos años en Venezuela se esparció la tendenciosa idea de que Luis Herrera Campins representaba una posición extremista dentro de la corriente social cristiana. Por el contrario, Luis Herrera sostenía un pensamiento de clara preocupación social y la obligación de impulsar las transformaciones necesarias para lograr una sociedad más justa. En esto, no solo seguía las tesis de la democracia cristiana, sino, principalmente, de la doctrina social de la Iglesia católica.
En ese sentido, Luis Herrera Campins tuvo como preocupación fomentar la organización social del pueblo, como se puede evidenciar en su programa de gobierno “Mi compromiso con Venezuela” que presentó al país en las elecciones de 1978, en las que, pese a todo el ventajismo oficial, terminó imponiéndose por el voto popular. No debe olvidarse que tanto el presidente Carlos Andrés Pérez como el candidato oficialista, Luis Piñerúa Ordaz, no solo reconocieron el triunfo opositor, sino que facilitaron la transición y la instalación del nuevo gobierno, en el espíritu de la alternabilidad del poder y del acuerdo de respeto institucional, promovido por el Pacto de Puntofijo de octubre de 1958. Justo y oportuno es decirlo en estos tiempos de tantos irrespetos a la voluntad popular.
El presidente Herrera Campins tuvo una actuación destacada en varios campos. Entre ellos, sobresalen las políticas culturales. Un aspecto que no siempre ha sido destacado es el relativo a las políticas, planes y proyectos indigenistas llevadas a cabo durante el gobierno del presidente Herrera (1979-1984).
En primer lugar, destaca el decreto 283 del 20 de septiembre de 1979, mediante el cual se instituyó el Régimen de Educación Intercultural Bilingüe (REIB) para las comunidades indígenas, en atención a lo dispuesto en el artículo 77 de la entonces vigente Constitución de 1961. Allí se establecía un régimen de excepción para los poblaciones indígenas. Tocó a la gestión del Dr. Rafael Fernández Heres, al frente del Ministerio de Educación, la concreción de ese régimen, que implicó la creación de la Dirección de Asuntos Indígenas en 1980.
Como innovación educativa, el Régimen de Educación Intercultural Bilingüe constituyó un punto de inflexión en materia de educación para indígenas, no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. En muchos países de América Latina la educación para indígenas había estado en manos de misiones religiosas católicas. En el caso de Venezuela, de los capuchinos en los vicariatos apostólicos del Caroní (estado Bolívar, entre indígenas pemones), Machiques (estado Zulia, entre indígenas yukpas y baríes) y de Tucupita (estado Delta Amacuro, entre indígenas waraos) y de los salesianos en el vicariato de Puerto Ayacucho (estado Amazonas, entre varios pueblos indígenas). En muchos países de América Latina, empero, la educación para indígenas era llevada a cabo mediante convenios con misioneros evangélicos fundamentalistas, como los asociados con el Instituto Lingüístico de Verano. En Venezuela, especialmente en el alto Orinoco, por la Misión Nuevas Tribus, que sería expulsada tardíamente del país en 2005.
El Régimen de Educación Intercultural bilingüe gozó, en sus inicios, de un gran apoyo político y recursos para su diseño e implementación, a través de la recién creada Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación, entonces bajo la dirección de la profesora Trina Rivero de Liendo. Lamentablemente, el régimen entraría luego en una fase de estancamiento hasta 1997. En ese año, como un intento de fortalecerlo, la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación diseñó el Proyecto de Relanzamiento y Optimización del Régimen de Educación Intercultural Bilingüe (PRO-REIB). El PRO-REIB lamentablemente se interrumpió con el cambio de gobierno en 1999. Tras la aprobación de la nueva constitución de ese año y hasta la actualidad, la educación para indígenas ha seguido un ritmo irregular, pese al apoyo oficial y de los organismos competentes. Aun así, vive con entusiasmo en los sueños, la mente y la praxis de los maestros indígenas y gracias a instituciones como el Instituto Pedagógico Rural “El Mácaro”, adscrito a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
Otro logro importante del gobierno de Luis Herrera Campins en materia indigenista fue el empadronamiento especial de la población indígena que se hizo en 1982 como parte del undécimo censo de población de 1981. Era la primera vez que en Venezuela se hacía un censo especial para los pueblos indígenas. Este primer empadronamiento tuvo limitaciones. Entre ellas, sobresalen la estimación y no empadronamiento de la población wayúu del estado Zulia y las deficiencias en la cobertura, por razones logísticas, de zonas muy apartadas, como el alto Orinoco (yanomamis) y las áreas fronterizas del estado Bolívar con el territorio venezolano en reclamación de la Guayana Esequiba en la Sierra de Imataca, o áreas urbanas.
Pese a sus limitaciones, el empadronamiento de la población indígena de 1982, bajo la dirección de la antropóloga Haydée Seijas Pittaluga, tuvo una gran importancia, tanto por el esfuerzo de cobertura, no obstante los señalamientos anteriores, como por la meticulosidad y criterios técnicos diseñados que sentaron las bases para el empadronamiento de 1992 y los censos de 2001 y 2011.
Adicionalmente, el presidente Herrera, por su especial vinculación con la Organización Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra (Suiza), ratificó el Convenio Nº 107 sobre poblaciones indígenas y tribales, de 1957. Venezuela tardó 26 años en ratificarlo por la oposición de los gobiernos a adoptar un instrumento protector de los pueblos indígenas. Si bien el tiempo transcurrido desde la adopción del convenio ya hacía de este un instrumento desfasado en el campo del indigenismo, debe reconocerse la relevancia de su ratificación por parte del gobierno de Venezuela. Este convenio por años sirvió para amparar internacionalmente a los pueblos indígenas del país, ya que lamentablemente (y quizá como una estrategia de sectores ultraconservadores) nunca fue ratificado por el por el Senado de la República, por lo que internamente no tenía valor de ley. Similar suerte se correría con el convenio Nº 169, que sustituye al 107, en el segundo gobierno de Rafael Caldera, quien dio instrucciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para la tramitación de su ratificación. El trámite administrativo encontró fuerte oposición en el Senado, en convivencia con la propia cancillería venezolana. Se trata de ejemplos absurdos de las injusticias que se cometieron, y sobre las que debemos estar conscientes para las rectificaciones del futuro y la construcción de un nuevo modelo y proyecto de país.
Durante el gobierno del presidente Herrera Campins también se apoyó la labor indigenista del Instituto Agrario Nacional. Esta abarcaba la promoción de emprendimientos económicos, muchos de ellos elaborados con buena voluntad, pero frágiles en los formas de implementación, y la dotación de tierras a comunidades indígenas.
El indigenismo venezolano sufrió un amplio revés en el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989), tras los tristes sucesos del Caño Guanay en 1984 en el estado Amazonas. El enfrentamiento de los peones de un hato con miembros de una comunidad piaroa o wótuja fue descontextualizado y llevó a una paralización virtual de la política indigenista venezolana. Esta, de manera lenta y tímida, se fue retomando de manera parcial durante los segundos gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y Rafael Caldera (1994-199).
Con el estatuto indígena contemplado en el capítulo octavo de la Constitución de 1999 se reconocieron ampliamente los derechos de los pueblos indígenas. Aunque se les ha dado un nuevo tratamiento a la política y los proyectos indigenistas, especialmente en el protagonismo administrativo de los propios indígenas, aún falta mucho por hacer. Varias de las más legítimas aspiraciones se han frustrado, como la demarcación de las tierras, ahora fuertemente afectadas por la minería ilegal en los estados Amazonas y Bolívar, por ejemplo.
Es justo, pues, reconocer los aportes en materia indigenista del gobierno del presidente Herrera Campins cuando se celebra el centenario de su nacimiento.
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