La Asamblea Nacional 2020, controlada por el oficialismo, aprobó el martes una solicitud de investigación penal y la inhabilitación de exdiputados opositores por su participación en las designaciones de la junta directiva de Citgo, empresa filial de Pdvsa en Estados Unidos.
Durante la sesión ordinaria del 22 de octubre, el Parlamento presentó un informe final, detallado por el diputado Pedro Infante, que señala a antiguos miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y exfuncionarios del gobierno interino de Juan Guaidó como responsables de lo que calificaron como una «trama de corrupción y robo de activos».
El informe, entregado por Infante al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, destaca que las acciones de los involucrados en Citgo comenzaron en 2018, cuando, según el oficialismo, se inició una «conflagración jurídica» contra la empresa.
Entre los señalados, figuran el exprocurador del gobierno interino, José Ignacio Hernández, y el dirigente político Carlos Vecchio, quienes, junto a otros, son acusados de ser parte de lo que el oficialismo considera un «robo y despojo» de Citgo.
Informe reveló lista de 351 personas vinculadas al caso Citgo, según el oficialismo
El informe incluye una lista con 351 personas, de las cuales 94 fueron diputados opositores, 108 exintegrantes de juntas ad hoc nombradas por el Parlamento del 2015, y 149 personas pertenecientes a diversas ONG supuestamente financiadas por la Fundación Simón Bolívar, las cuales, según Infante, también está en el foco de la investigación.
Entre los exdiputados mencionados se encuentran figuras de la oposición como Armando Armas, Henry Ramos Allup, Delsa Solórzano, Miguel Pizarro y Omar Barboza. Además, dirigentes que actualmente se encuentran detenidos, como Freddy Superlano y Américo De Grazia. Otros líderes políticos mencionados en la investigación incluyen a María Corina Machado, Leopoldo López, y Juan Guaidó.
Durante la sesión, Infante afirmó que los partidos políticos opositores involucrados en este caso, incluyendo Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia, deberían ser considerados «bandas criminales». «No son partidos políticos, son grupos estructurados de delincuencia organizada», dijo.
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