La Superintendencia de Servicios Públicos inició una investigación a Air-e, la empresa distribuidora de energía que opera en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Esta medida surgió tras una solicitud urgente realizada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la cual detectó inconsistencias en el valor de las inversiones reportadas por la compañía para el año 2023.
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Durante el Congreso de Andesco, llevado a cabo en Cartagena, el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, informó sobre esta situación, señalando que la empresa había entregado “información contradictoria” acerca de las inversiones realizadas. Quiroga destacó la importancia de tales cifras, ya que influyen directamente en las tarifas que Air-e puede aplicar a los usuarios.
El documento de la Creg, puesto en conocimiento por Portafolio, destacó que “las diferencias máximas en las tarifas pueden estar del orden de 86 pesos/kWh en el costo unitario de prestación del servicio”. Quiroga agregó que, dado el impacto potencial en los costos, es urgente iniciar la investigación para evitar posibles cobros no permitidos.
El superintendente Quiroga explicó que las investigaciones preliminares revelaron presuntas “informaciones erróneas” provistas por la empresa de comercialización. “La Creg le quitó el reconocimiento de las pérdidas adicionales a Air-e”, afirmó. Actualmente, la Superservicios continúa con la verificación de las posibles prácticas incorrectas.
La empresa Air-e respondió indicando que las diferencias señaladas en la solicitud de investigación de la Creg provienen de diferencias de interpretación sobre la resolución Creg 015 de 2018 y la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo). Air-e argumentó que llevó a cabo las inversiones de manera eficiente, cumpliendo con el porcentaje deseado de reducción de pérdidas.
Dentro de su respuesta, Air-e afirmó que al “disminuir el valor del Xr,t definido como la razón entre las inversiones ejecutadas y el costo de reposición de referencia de la compañía”, se ve afectado el reconocimiento de pérdidas, a pesar de que la empresa ha reducido los índices de pérdida de un 27% a un rango entre 16,6% y 11,42%.
El Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 236, establece que la Comisión de Regulación de Energía y Gas debe definir las condiciones bajo las cuales los operadores de red pueden ejecutar sus planes de inversión en plazos más largos con el propósito de reducir los incrementos en las tarifas para los usuarios. Por ese motivo, Air-e sostiene que cumplió con las metas de calidad del servicio público domiciliario de energía eléctrica fijadas en la metodología de distribución.
El superintendente Quiroga reiteró la importancia de la investigación para asegurar que las inversiones reportadas sean las correctas y advirtió que la información enviada a las diversas entidades no coincida. Esta discrepancia llevó a la Creg a solicitar a la Superintendencia de Servicios Públicos una revisión exhaustiva de los datos proporcionados por est compañía.
El documento de respuesta de Air-e muestra que la empresa está en desacuerdo con la interpretación de la Creg sobre las metodologías y leyes aplicables, argumentando que el recálculo de las pérdidas impactaría negativamente en su capacidad de ofrecer servicios a más de cinco millones de habitantes en su área de operación.
Del mismo modo el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que también inició una investigación sobre el aumento en el componente de generación de las tarifas eléctricas, tras una reducción en las pérdidas reconocidas en el sistema. Según indicó el superintendente, se esperaba una disminución en el precio del servicio público para los usuarios de la compañía de comercialización, al bajar las pérdidas reconocidas. Sin embargo, este ajuste no se ha reflejado en las facturas de los consumidores.
En sus declaraciones, el funcionario explicó que la reducción de las pérdidas reconocidas provocó, en cambio, un incremento en el costo de la energía generada. Los operadores del servicio atribuyen este alza a la adquisición de energía a un costo más elevado. “Ellos argumentan ahora que compraron una energía más costosa”, afirmó Quiroga, lo que ha generado preocupación y es objeto de la investigación en curso.
Este fenómeno ha suscitado inquietudes entre los usuarios y el regulador busca esclarecer las razones detrás del aumento tarifario. Durante este proceso investigativo, se analizarán los contratos de compra de energía y otros factores que hayan podido incidir en el incremento de costos para determinar responsabilidades y posibles medidas a tomar.