El prolongado régimen de excepción, implementado en El Salvador desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, continúa «erosionando» la libertad de expresión y preocupa a mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, señaló este lunes la organización Amnistía Internacional en su informe anual.
Según AI, los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos «continuaron expresando su preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estado de excepción, como lo documentaron diversas organizaciones locales e internacionales».
Amnistía Internacional indica que «la mayoría de los detenidos han sido acusados de asociación ilícita y otros delitos relacionados con pandillas» y que, según organizaciones locales de derechos humanos, un tercio de las personas detenidas en virtud del estado de excepción «no tenía afiliaciones a pandillas ni antecedentes penales de ningún tipo, lo que reflejaba la aplicación indiscriminada de estas medidas entre la población».
Recuerda que un informe especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «confirmó que el estado de emergencia había provocado detenciones arbitrarias masivas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo la falta de supervisión judicial efectiva de estas detenciones y la imposición de prisión preventiva sin pruebas suficientes».
Además indica que las organizaciones de la sociedad civil «continuaron denunciando la ineficacia del sistema judicial, en particular la omisión de la Corte Suprema de procesar los recursos de habeas corpus, lo que aumenta la vulnerabilidad de los detenidos».
Amnistía Internacional también se refiere a que el sistema penitenciario salvadoreño «continuó estando críticamente sobrepoblado, con una tasa de ocupación del 350%, según ONG locales, lo que lo convierte en uno de los índices de encarcelamiento más altos del mundo».
Indica que, de acuerdo con informes de organizaciones salvadoreñas, se registraron más de 300 muertes bajo custodia estatal entre marzo de 2022, cuando se declaró el estado de emergencia, y el 15 de diciembre de 2024.
Estas muertes, apunta, se atribuyeron a tortura y otros malos tratos, así como a atención médica inadecuada.
«La falta de transparencia estatal en las investigaciones y la presentación de informes sobre presuntos malos tratos y negligencia médica en casos específicos fue denunciada por los mecanismos de derechos humanos de la ONU», señala.
Para AI, «el prolongado estado de emergencia continuó erosionando la libertad de expresión», ya que los ataques contra periodistas y medios de comunicación aumentaron 66% en 2024 en comparación con 2023, según la Asociación Salvadoreña de Periodistas (APES).
La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó el pasado 1 de abril la prórroga 37 de un régimen de excepción, implementado desde hace tres años para «combatir» a las pandillas, por «la aún existencia de estructuras terroristas» en el país.
Un grupo de organizaciones humanitarias ha recibido denuncias de al menos 6.889 víctimas de violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción, con la detención arbitraria con 98% de las denuncias.
El régimen suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días, que pasa a 15.
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