Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigue las «detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos» de menores arrestados en Venezuela durante las protestas contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales de julio, que dio la victoria a Nicolás Maduro.
En una nueva declaración, AI también alertó de «graves violaciones del derecho a un juicio justo de cinco niños y una niña cometidas entre el 29 y el 31 de julio, durante la represión del gobierno de Maduro contra la disidencia tras las elecciones».
AI informó de que se entrevistó con organizaciones de derechos humanos venezolanas y familiares de niños detenidos para recabar información de esos casos.
«La tortura, detención arbitraria y abusos contra decenas de niños y niñas deben movilizar a la justicia internacional», apostilla la oenegé de derechos humanos en un comunicado.
Cuatro meses después de aquellos episodios, «al menos 198 niños y niñas siguen sometidos ya sea a detención injusta, a acusaciones penales infundadas, o a las graves secuelas psicológicas y físicas de los abusos perpetrados por las autoridades venezolanas».
¿Cuántos menores permanecen privados de libertad?
La organización exige la liberación inmediata «de los al menos 69 niños y niñas que permanecen privados de la libertad».
«Detener, torturar, criminalizar, y castigar a niños y niñas cruza una línea que ningún Estado debería cruzar jamás«, declara la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard en el documento hecho público por AI.
Así, la organización «exige la liberación inmediata e incondicional y la reparación de todos los niños y niñas que actualmente sufren la crueldad interminable de las autoridades venezolanas».
«Mientras decenas de niñas y niños siguen detenidos injustamente en condiciones inhumanas, otros han sido excarcelados pero siguen sometidos a procesos penales sin fundamento», incide la máxima responsable de AI.
Las historias de estos niños son «simplemente desgarradoras» y todos tendrán sufrirán durante años «las inimaginables cicatrices de su terrible experiencia».
Detención de menores constituye «violaciones sistemáticas de los derechos humanos»
La situación de estos menores forma parte de un contexto más amplio de «violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos a la integridad personal y a la libertad, y a un juicio justo, perpetrados por el gobierno de Maduro», subraya AI.
Por ello, «los Estados de todo el mundo deben sumarse al clamor global y exigir que se respeten los derechos humanos en Venezuela, empezando por los derechos de los niños y niñas», señala la ONG.
«También deben apoyar -pública, privada y financieramente- la investigación en curso por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) -incide-, todas las investigaciones penales bajo el principio de jurisdicción universal, y el riguroso escrutinio de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.»
Según AI, Venezuela sufre una «crisis de derechos humanos profunda y multidimensional desde hace al menos diez años».
Lo ha denunciado frecuentemente, «así como crímenes de Derecho internacional, incluidos de lesa humanidad, y una emergencia humanitaria compleja en curso, que han obligado a más del 25% de la población del país a huir al extranjero».
Aumento de la represión contra la disidencia
Su última investigación constata como algo «especialmente alarmante» el «creciente aumento de la represión» contra la disidencia tras los comicios de julio.
El 8 de septiembre pasado, en principal candidato opositor electoral, Edmundo González Urrutia, se exilio en España para evitar ser detenido, después de que el bloque antichavista denunciara una «fraude masivo».
«En el primer mes tras las elecciones, las autoridades llevaron a cabo más de 2.000 detenciones, según cifras oficiales», señala AI; y «la represión también incluyó muertes ilegítimas, más denuncias creíbles de tortura, desapariciones forzadas, ataques generalizados contra la sociedad civil, represalias contra defensores y defensoras de los derechos humanos y graves violaciones de las garantías de un juicio justo».
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