En el marco del séptimo aniversario de las masivas protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Nicaragua en abril de 2018, la oposición aseguró que Daniel Ortega y Rosario Murillo saben, ahora más que nunca, que “están derrotados”, razón por la cual, en los últimos meses, han estado introduciendo reformas que les permiten aumentar su poder aún más.
“Los codictadores se saben derrotados; por eso, auto aprobaron una nueva Constitución y nuevas leyes cada vez más autoritarias y represivas; incrementan sus métodos para intentar controlar a la sociedad, aumentando la cantidad de miembros del Ejército y la Policía”, apuntó en un comunicado la opositora Concentración Democrática Nicaragüense, que opera desde el exilio.
Asimismo, la agrupación denunció a cientos de funcionarios y oficiales de las fuerzas de seguridad, que responden al régimen con lealtad y le permiten mantener su aparato de vigilancia y represión sobre la sociedad civil, pese a las denuncias de la comunidad internacional y los llamados a un cambio hacia la senda democrática.
“Esconden bajo pasamontañas el rostro de los cada vez más numerosos paramilitares a su servicio, se retiran de las organizaciones internacionales especializadas en derechos humanos y se aíslan del mundo democrático”, denunciaron en ese sentido, recordando, principalmente, a las víctimas de estas maniobras de 2018.
En abril de aquel año, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar en contra del régimen, que había impuesto unas polémicas reformas sociales. Las manifestaciones fueron brutalmente reprimidas por la Policía oficialista, que respondió ante lo que consideró un “intento de golpe de Estado”, y dejó al menos 355 muertos -según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, aunque organismos nacionales aseguran que fueron por lo menos 684 los difuntos en manos del régimen.
Este episodio, sin embargo, fue solo el inicio de una ola de autoritarismo y persecución contra cualquier voz disidente -sea organismo, fundación, político o un simple religioso– que quedó, entonces, enfrentado a dos opciones: la cárcel o el destierro.
Así, a siete años de este hecho y en un contexto que solo ha empeorado desde las elecciones de noviembre de 2021, la Concentración advirtió que el régimen “quiere borrar de la memoria colectiva las ejecuciones extrajudiciales, las masacres, las torturas, los destierros, las desnacionalizaciones, el exilio forzado, los encarcelamientos injustos, los juicios amañados y las confiscaciones».
Sin embargo, la ONG confió en que, gracias al éxito de la red de apoyo internacional a la causa por la libertad de Nicaragua y la búsqueda de castigo para los autores de los crímenes de lesa humanidad, “las víctimas de esta pesadilla y sus familiares” lograrán que la “memoria histórica” prevalezca y, en última instancia, se abrirán “caminos que nos llevarán hacia la justicia”.
“Abril fue solidaridad, mostró lo mejor de cada uno de nosotros, de la voluntad ciudadana dispuesta al sacrificio que dejó de lado ambiciones y egoísmos personales por amor a la patria. Los objetivos siguen pendientes”, destacaron antes de cerrar pidiendo a todos que alcen “una voz común, inspirada en el espíritu de abril, que nos impulse a buscar caminos en los que dejemos de lado las diferencias y perseveremos en nuestro compromiso de construir una nueva nación”.
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