El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que los migrantes considerados de «bajo riesgo» y actualmente retenidos en la base naval de Guantánamo, en Cuba, serán deportados a sus países de origen.
Esta medida forma parte de las nuevas políticas migratorias implementadas por su administración, que incluyen el traslado de migrantes a instalaciones militares en la isla. Según filtraciones al medio CBS, actualmente hay alrededor de 150 detenidos en Guantánamo, todos hombres venezolanos.
«Cualquiera que sea de bajo riesgo será devuelto a su país», dijo Trump desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida. Aseguró que «todos los países están aceptando deportados».
Esta práctica, que había sido suspendida durante años, se reanudó brevemente durante un acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela bajo el mandato del demócrata Joe Biden (2021-2025). La semana pasada, el gobierno de Trump envió dos vuelos de deportación a Caracas.
Demandan al gobierno de Trump para pedir acceso a migrantes en Guantánamo
Aunque el gobierno no ha proporcionado detalles sobre los detenidos en Guantánamo, funcionarios del Ejecutivo han descrito a estos individuos como criminales de «alto riesgo» vinculados con la organización transnacional de origen venezolano Tren de Aragua. Sin embargo, según filtraciones a CBS, entre los detenidos hay migrantes sin antecedentes penales o condenados únicamente por delitos menores.
La semana pasada, el diario The New York Times publicó una lista con los nombres de 53 de los migrantes retenidos en la base. Familiares de al menos cuatro de ellos han rechazado las acusaciones a Efe, denunciando además que no han podido comunicarse con sus seres queridos.
El miércoles, un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos presentó una demanda contra el gobierno de Trump, exigiendo acceso a los detenidos en Guantánamo. Estas organizaciones confirmaron que los migrantes están incomunicados y urgieron a la administración Trump a garantizar información sobre las condiciones de detención y el respeto al debido proceso para los afectados.
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