La reducción de la cooperación internacional, especialmente el recorte de fondos provenientes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), ha comenzado a afectar a las ONG venezolanas.
Sin embargo, la mayoría de estas instituciones mantiene un prudente silencio ante las posibles represalias del gobierno de Nicolás Maduro, que vincula estos recursos con actividades conspirativas.
En 2024, Usaid destinó 2.300 millones de dólares a América Latina, pero las restricciones presupuestarias ya han provocado el cierre de varios programas en la región.
En Venezuela, donde estos fondos han sido clave para atender emergencias humanitarias y respaldar iniciativas sociales, las ONG optan por no hacer declaraciones públicas debido al contexto político adverso.
El chavismo sostiene que los recursos provenientes de Usaid los han utilizado para desestabilizar el país. «Tenemos una investigación muy adelantada sobre este tema del financiamiento”, dijo el ministro de Interior, Diosdado Cabello. Además, aseguró que estos fondos se usaron para actos terroristas bajo la fachada de ONG y medios de comunicación.
Según el discurso oficial, la cooperación internacional ha financiado a la oposición y ha servido como herramienta para intentar derrocar a Maduro.
Esta narrativa se apoya en documentos reciclados, rumores y afirmaciones no verificadas que buscan justificar una mayor vigilancia sobre la sociedad civil. La reciente detención del activista Carlos Correa, de la organización Espacio Público, y la aprobación de una nueva ley que establece controles estrictos sobre las ONG, han profundizado el temor y el hermetismo entre estas organizaciones.
Mientras tanto, los efectos del recorte ya son visibles: han clausurado programas de asistencia humanitaria y diversas iniciativas sociales enfrentan dificultades para continuar sus operaciones.
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