El presidente Donald Trump ha ordenado una pausa y revisión de una ley que ha definido las actividades de las empresas estadounidenses en el extranjero durante casi cinco décadas, alegando que las estrictas prohibiciones contra el soborno a funcionarios extranjeros estrangulan la competitividad estadounidense en un mercado global difícil.
«Va a significar muchos más negocios para Estados Unidos», dijo Trump al firmar la orden el lunes para que el Departamento de Justicia detenga las investigaciones en curso y revise la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de 1977 durante los próximos seis meses.
La orden sostiene que «la aplicación excesiva e impredecible de la FCPA contra ciudadanos y empresas estadounidenses -por parte de nuestro propio gobierno- por prácticas comerciales rutinarias en otras naciones no solo desperdicia recursos procesales limitados que podrían dedicarse a preservar las libertades estadounidenses, sino que daña activamente la competitividad económica estadounidense y, por lo tanto, la seguridad nacional».
Pero la última revisión anual de la aplicación de la ley por parte de la Facultad de Derecho de Stanford dice que el número de acciones de aplicación en 2024 estuvo «muy por debajo del promedio de diez años de 36», con 26 casos ese año presentados por las dos entidades responsables de la aplicación: el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores.
«Esta disminución sugiere que cada esquema de soborno dio lugar a más acciones únicas contra una corporación y sus subsidiarias, empleados y agentes, pero que menos esquemas separados fueron objeto de aplicación en 2024», concluyó el informe.
La orden del presidente cosechó críticas de los defensores de la lucha contra la corrupción.
«El mundo no debe caer en un estado en el que el soborno y la corrupción sean la norma», dijo Gary Kalman, director ejecutivo de Transparencia Internacional Estados Unidos, en una declaración a la VOA. «Una carrera hacia el abismo perjudica tanto a los ciudadanos del país como a las empresas implicadas en transacciones corruptas. Quienes optan por violar la ley a menudo se enfrentan a múltiples demandas de soborno que retrasan o impiden que estas empresas obtengan las licencias y permisos que necesitan para entrar en los mercados extranjeros. Al final, el soborno es una situación en la que todos pierden».
El soborno sigue siendo ilegal
Expertos jurídicos privados se apresuraron el martes a aclarar el alcance y la importancia de la orden.
«El soborno sigue siendo ilegal», según el titular del análisis publicado el martes por la mañana por el bufete multinacional de abogados Arnold & Porter, con sede en Washington.
Los ocho abogados autores continúan diciendo en su análisis que el soborno no sólo sigue siendo ilegal bajo la ley, que no ha sido derogada por el Congreso, sino también bajo varias leyes estatales, federales y extranjeras. También señalan que otros países han reforzado la aplicación de las leyes anticorrupción.
«Por ahora, recomendamos que las empresas esperen y vean qué sucede, y mientras tanto sigan centrándose en el cumplimiento», concluyeron los abogados.
El representante demócrata Jamie Raskin, un abogado constitucional, dijo el martes que la nueva orden «pone a Estados Unidos del lado de las prácticas comerciales corruptas ‘rutinarias’ en todo el mundo». La orden, dijo, da a las corporaciones «vía libre para pagar sobornos, coimas y tributos financieros a funcionarios extranjeros corruptos».
Su declaración también apuntaba a Elon Musk, el empresario multimillonario cuya cercanía a Trump lo ha puesto a la cabeza de los esfuerzos para reformar radicalmente el gobierno de Estados Unidos y apuntar al despilfarro, el fraude y la corrupción a través de su Departamento de Eficiencia Gubernamental.
«La administración Trump-Musk está haciendo que el soborno y la corrupción vuelvan a ser perfectamente legales», escribió Raskin en un comunicado. «Los precios de los huevos y otros alimentos, la vivienda, el alquiler y la electricidad siguen aumentando, pero ahora resulta mucho más barato participar en la corrupción política».
Musk y sus empresas se han enfrentado públicamente con la SEC y el Departamento de Comercio, pero ni su nombre ni el de ninguna de las empresas con las que está asociado aparecen en la lista completa de acciones de cumplimiento de la FCPA de ninguna de ellas.
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