«La paz exige cuatro condiciones esenciales: verdad, justicia, amor y libertad»
Juan Pablo II
Cuando Colombia firmó el acuerdo de paz con las FARC en 2016, el mundo lo celebró como un hito histórico. No era para menos: cerca de 95% de los combatientes dejaron las armas, una cifra sin precedentes en negociaciones de este tipo. Sin embargo, nueve años después, la violencia sigue escalando. Los grupos armados han crecido, el crimen organizado ha ocupado territorios abandonados y la seguridad se ha deteriorado.
Si la paz estaba bien diseñada, ¿por qué Colombia sigue atrapada en el conflicto? La respuesta está en las malas decisiones tomadas desde la firma del acuerdo -rechazado por el pueblo colombiano en el plebiscito-, decisiones que han reforzado los incentivos para que los violentos sigan ganando y el Estado siga perdiendo.
El error de dejar un vacío
Uno de los principios básicos de la seguridad es que cuando un actor deja un territorio, otro lo ocupará. Las FARC abandonaron regiones enteras tras el acuerdo y en lugar de que el Estado entrara a ocuparlas con presencia militar, instituciones y desarrollo, fueron copadas por disidencias y grupos criminales.
Imagínese un barrio donde la policía desaparece de un día para otro. Los criminales tomarán el control, porque saben que nadie los detendrá. Eso es exactamente lo que ocurrió en Colombia: sin una estrategia clara para reemplazar a las FARC con la autoridad del Estado, los incentivos para que grupos armados se expandieran aumentaron.
La estrategia de la «Paz Total»: una oferta sin condiciones
El actual gobierno de Gustavo Petro llegó con una nueva promesa: negociar con todos los grupos armados al mismo tiempo. La idea era que, si se sentaban a dialogar, la violencia disminuiría. Pero en la práctica, esto envió el mensaje de que era más rentable seguir delinquiendo que desmovilizarse.
Los grupos armados aprovecharon las treguas para fortalecerse, reclutar más combatientes y expandir sus operaciones a los largo de la frontera colombo venezolana con la anuencia del Cartel de los Soles. No se les exigió nada a cambio, ni siquiera cesar sus ataques a la población civil. El resultado: hoy la violencia en zonas colombianas como el Catatumbo, Cauca y Chocó está en niveles críticos, con desplazamientos masivos y una lucha brutal por el control territorial.
Lo que sí funciona: una combinación de presión y negociación
El acuerdo con las FARC tuvo éxito en parte porque siguió una estrategia que combinaba diálogo con presión militar. El gobierno de Juan Manuel Santos nunca cesó las operaciones contra la guerrilla mientras negociaba. Esto obligó a las FARC a buscar la paz como la mejor opción. Después de más de 52 años de conflicto, los costos de continuar la lucha armada superaban los beneficios de integrarse a la vida civil.
En cambio, hoy la estrategia del gobierno es invitar a los grupos armados a la mesa de negociación sin presión real. Cuando se eliminan las consecuencias de continuar en el crimen, la mejor decisión para estos grupos es seguir expandiéndose.
Colombia necesita cambiar las reglas del conflicto
Si el país quiere revertir la espiral de violencia debe modificar los incentivos que han permitido que los criminales sigan avanzando. Esto implica:
- Recuperar el control territorial: las zonas ocupadas por grupos criminales deben ser retomadas con una estrategia clara que combine presencia militar con inversiones sociales.
- Negociar sólo con reglas claras: cualquier diálogo debe estar condicionado a la reducción de la violencia y los grupos que no cumplan deben enfrentar consecuencias inmediatas.
- Fortalecer las instituciones: sin jueces, fiscales y policías capaces de actuar, ninguna estrategia funcionará. La impunidad solo refuerza la violencia.
La paz en Colombia no es un sueño imposible, pero tampoco se logrará con ingenuidad. Mientras el Estado siga tomando decisiones que favorecen a los violentos, la población seguirá sufriendo las consecuencias. Para cambiar el destino del país, hay que cambiar las reglas que rigen el conflicto.
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