Un juez federal ha decidido suspender temporalmente la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que buscaba congelar de inmediato todas las subvenciones y préstamos federales a partir de hoy. Esta medida podría tener un impacto significativo en programas esenciales de educación y salud, afectando a millones de estadounidenses.
La magistrada Loren L. AliKhan emitió su fallo justo antes de que la directiva de Trump entrara en vigor a las 17:00 hora local (22:00 GMT), y la suspensión se mantendrá vigente hasta el próximo lunes. Durante una audiencia virtual, la jueza indicó que esta suspensión administrativa se extenderá hasta las 17:00 del 3 de febrero, a menos que decida otorgar una orden de restricción temporal, tal como solicitaron las organizaciones demandantes.
La administración defendió su decisión argumentando que es crucial garantizar que todos los fondos cumplan con las recientes órdenes ejecutivas firmadas por Trump, las cuales incluyen restricciones sobre los derechos de personas transgénero y recortes en iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
En un memorando emitido el lunes, el director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), Matthew J. Vaeth, subrayó que esta congelación también afecta a fondos destinados a ayuda exterior y organizaciones no gubernamentales, entre otros.
Impacto negativo de la congelación en ayudas esenciales
La medida impuesta por Trump podría provocar demoras en la distribución de miles de millones de dólares para préstamos estudiantiles y tendría consecuencias perjudiciales en sectores como la investigación sanitaria, la asistencia alimentaria y el financiamiento para organizaciones que respaldan a veteranos y personas con discapacidad.
Además, esta congelación podría impactar la ayuda destinada a regiones devastadas por incendios en California e inundaciones en Carolina del Norte, áreas que Trump visitó recientemente y donde prometió apoyo federal.
Organizaciones como el National Council of Nonprofits, American Public Health Association y Main Street Alliance habían solicitado la suspensión. Estas entidades argumentaron que aunque la Administración tiene el derecho de avanzar en sus prioridades, debe hacerlo “dentro de los confines de la ley”, algo que consideran no está ocurriendo en este caso.
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