En octubre de 2021, aún bajo las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19, se oficializó un acuerdo inusual cuya firma quedó inmortalizada por una foto en medios regionales. En la instantánea se apreciaba el apretón de manos entre Luis Jonás Reyes, el alcalde chavista de Barquisimeto, capital del estado Lara, y un hombre con gorra y camisa negra rotulada, cuyo nombre no se mencionaba. Para el momento ambos llevaban tapabocas, lo que favorecía el anonimato del segundo.
La ocasión era la del lanzamiento de la empresa Carbonera El Obelisco C.A. y de su marca, Carbones Obelisco, ambas derivadas de la alianza entre el gobierno municipal y la iniciativa privada, a fin de producir carbón vegetal para la exportación.
Con un cartel con el logo corporativo de fondo y pequeños sacos de papel kraft en exhibición, el alcalde hizo alarde de que la empresa, ubicada en la comunidad de Pavía, a unos 13 kilómetros sobre la carretera vieja -camino a las fantasmales Curvas de Carora- que conduce desde Barquisimeto (municipio Iribarren) a la ciudad de Carora (capital del municipio Torres), contaba con los permisos de rigor emitidos por el Ministerio de Ecosocialismo (Minec) para la producción de carbón vegetal y cumplía con las formalidades para comercializar el producto “explotado de manera controlada”. También manifestó su disposición a seguir concretando alianzas con el sector privado “sin ningún tipo de complejos y sin observar tendencias políticas, porque nuestra prioridad es producir y construir un nuevo modelo económico fomentando la actividad local”.
Pero lo que Reyes no ventiló sobre el negocio en esa oportunidad es que la principal materia prima para la producción del carbón vegetal en Lara, la madera de especies arbóreas como la vera (Bulnesia arborea), el cují (Prosopis juliflora) y el curarí o acapro (Handroanthus serratifolius), proviene de ejemplares cuyos troncos se talan con motosierras y sus raíces son arrancadas de tajo en el Parque Nacional Cerro Saroche, protegido de cualquier explotación comercial por su carácter de Área Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae).
Se trata de especies propias del paisaje semiárido que circunda a Carora, un bioma caracterizado por su escasa humidificación, tierra pobre en nutrientes y abundancia de vegetación xerófila. Las tres plantas se identifican como especies amenazadas por la deforestación, fragmentación del hábitat y sobreexplotación maderera, según el Sistema Venezolano de Diversidad Biológica (SVDB), una especie de lista roja de la biodiversidad que maneja el Minec.
En 1989 se creó en la zona el Parque Nacional Cerro Saroche, de 32.000 hectáreas, que sirve de refugio para especies de fauna silvestre como el cardenalito (Cardeulis Cuculiata o Spinus cucullatus), ave ícono del estado Lara, amenazada desde hace tiempo por su comercialización en mercados nacionales e internacionales y que se encuentra “en peligro crítico”, según alerta el Libro Rojo de la Fauna Venezolana.
Ninguna de estas consideraciones conservacionistas ha llamado a la cautela al emprendimiento mixto del carbón vegetal. Por el contrario: la perspectiva de una nueva fuente de ingresos en divisas ha abierto la temporada para la voracidad. Según cálculos de una organización dedicada a la protección del ambiente y con amplio conocimiento de la zona, unos 10 millones de árboles talados y 500.000 hectáreas del bosque xerófilo de Lara arrasadas constituyen, hasta ahora, el saldo de la nueva actividad que arrancó hace casi cuatro años.
Por Lisseth Boon y Marcos David Valverde
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