Desde que el régimen chavista se instauró en el poder y reveló sus intenciones autoritarias empezaron a manifestarse las reacciones en la comunidad internacional frente a situaciones cada vez más preocupantes, que hoy configuran las más graves violaciones de la institucionalidad y del ejercicio del poder, siendo infructuosas las actuaciones de la comunidad continental en evitar o disminuir lo que hoy se constituye en su ejercicio fáctico. En este caso veremos la actuación del Caribe frente a nuestra permanente crisis democrática con unos breves antecedentes para contextualizar su vergonzosa actuación, especialmente en la Organización de los Estados Americanos.
En un trabajo anterior me referí a este asunto reseñando: “En el período que comprende la etapa democrática las relaciones con el Caribe adquirieron relevancia a partir del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez por la importancia que se le dio a dos asuntos: las delimitaciones en aguas marinas y submarinas pendientes y la seguridad del libre paso de los buques petroleros en la fachada caribeña y atlántica. La bonanza de la Gran Venezuela abrió embajadas y centros de cooperación culturales en todas las capitales del Caribe, se crearon acuerdos como el de San José de manera conjunta con México, para proporcionar crudo en condiciones preferenciales, además de diversos programas a través del Instituto Venezolano de Cooperación con el Caribe. Se construyeron aeropuertos, viviendas, hospitales, instalaciones deportivas y mucho más sin ningún tipo de retribución equitativa. De estas políticas se excluye el período del segundo gobierno de Rafael Caldera, en el que su único canciller, Miguel Ángel Burelli Rivas, de manera casi personal no mantuvo relaciones cordiales con los caribeños, y está reflejado en los documentos del Libro Amarillo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde los calificaba de “peñascos en el mar” que por el principio del mismo pie de igualdad ante los organismos que les otorgaba el derecho internacional existía la aberración de que el voto de Dominica tuviera tanto valor como el de Canadá en la OEA.
El segundo período de prosperidad inusual para el Caribe vino gracias a la petrochequera de Chávez bajo tres modalidades: el Alba y Petrocaribe para proveer de petróleo, bienes y servicios en unos esquemas faltos de transparencia ni control que han propiciado numerosos casos de corrupción, algunos tan graves como el de Haití, cuyo presidente se encuentra en serios problemas producto de las manifestaciones por ese motivo. El segundo mecanismo ha sido la financiación directa e ilegal a líderes y grupos de izquierda para promover gobiernos afines al chavismo con el apoyo cubano, que, a falta de divisas, ofrece las brigadas de médicos y entrenadores deportivos y finalmente termina tutelando la acción internacional de esos países. Por último, el pago de millones de dólares por la compra de votos, mención especial la del primer intento de Chávez en entrar al Consejo de Seguridad. Lamentablemente, todo esto ocurrió en tiempos cuando Estados Unidos decidió recortar el presupuesto de diferentes fondos de asistencia a América Central y el Caribe”.
Por su parte, en las últimas reuniones del Caricom los tres elementos que más destacan en sus declaraciones han sido la preocupación por los migrantes venezolanos en sus territorios, el cierre de filas automático como de costumbre en defensa de las acciones de Guyana en el contencioso del Esequibo con Venezuela y el apoyo a la ya conocida y manida frase de la promoción de un diálogo pacífico, la no intervención en los asuntos internos nuestros y el reconocimiento al “gobierno legítimo” de Maduro, expresiones que no han reflejado decisión alguna de contribuir de manera constructiva y en concordancia con la gran mayoría de los países de la región.
Ahora bien, en el marco de la Organización de Estados Americanos, las manifestaciones de los caribeños con sus votos en contra, abstenciones y ausencias de sala cada vez que se promueven medidas en favor de la democracia, el respeto a los derechos humanos en Venezuela e incluso condenas a la violación de instrumentos internacionales como en el caso de los asilados en la Embajada de Argentina, donde se presentó la gravedad de la contravención de la Convención de Asilo de Caracas y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, nos hacen considerar su poco apego a los principios fundamentales de la Carta de Bogotá.
En julio de 2019, en la Asamblea General de la OEA, el tema de mayor impacto y trascendencia lo constituyó la aprobación de la resolución que instó a que se convocaran elecciones libres, justas, transparentes y legítimas lo más pronto posible en Venezuela con votos del Caribe a favor –Haití, Jamaica y Santa Lucía–, en contra –Surinam, Trinidad y Tobago, Antigua, Dominica, y San Vicente– y las abstenciones de Barbados, Belice, Grenada, Guyana y Saint Kitts.
Allí quedó demostrado de manera fehaciente el obstáculo que significa el Caribe en ese ámbito para la democracia en la región y que hoy se repite durante la reunión del Consejo Permanente de la Organización: en una declaración conjunta, 14 países de la Organización de los Estados Americanos, incluido Estados Unidos, rechazaron el acto de investidura presidencial de Nicolás Maduro el pasado viernes, por carecer de legitimidad democrática y aludiendo la falta de pruebas verificables de integridad electoral. El documento fue emitido por las delegaciones de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Salvo Jamaica, no hay un solo caribeño que la acompañe.
Por tanto, es evidente que se hace necesaria una declaración de la pertinencia del Caribe al ámbito interamericano y en particular al caso de Venezuela. Igualmente, será necesario un nuevo enfoque en nuestro futuro relacionamiento una vez se haya recuperado la democracia en el país.
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