El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llegó este martes al tribunal para declarar por primera vez en un juicio por corrupción, el primer proceso criminal contra un jefe de gobierno del país en ejercicio.
Netanyahu ha buscado repetidamente retrasar su declaración ante el tribunal, donde se enfrenta a cargos de sobornos, fraude y abuso de la confianza pública en tres casos distintos.
Netanyahu dijo el lunes que hablaría ante el tribunal y no huiría. Aseguró además que lleva años esperando para demoler por completo las absurdas e infundadas acusaciones contra él.
El juicio comenzó en mayo de 2020, pero quedó interrumpido por la guerra en Gaza estallada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.
Por motivos de seguridad, el juicio se desplazó de Jerusalén a Tel Aviv, donde Netanyahu testificará en una sala subterránea.
El primer ministro, que había presentado varias solicitudes de retrasar el procedimiento debido a las guerras en Gaza y Líbano, rechaza las acusaciones en los tres casos que juzga el tribunal.
En el primero, Netanyahu y su mujer Sara están acusados de aceptar más de 260.000 dólares en bienes de lujo como cigarros, joyas y champán de benefactores multimillonarios a cambio de favores políticos.
Los otros dos giran en torno a los presuntos intentos de Netanyahu de negociar una cobertura más favorable en dos medios israelíes a cambio de debilitar a la competencia y de favorecer una operación empresarial del propietario del grupo, respectivamente.
Desde su regreso al poder a finales de 2022, la coalición de gobierno de Netanyahu ha chocado con la justicia y las fuerzas del orden y ha provocado importantes manifestaciones al intentar desplegar nuevas leyes que debilitarían a los tribunales.
Los críticos de Netanyahu lo acusan de ser un político muy corrupto que haría cualquier cosa para seguir en el poder y confiar en que estos casos impartan justicia.
El lunes, una decena de ministros del gobierno de Netanyahu envió una carta al fiscal general pidiendo el retraso del juicio ante los acontecimientos recientes en Siria tras la caída de la dinastía al Assad.
Pero la fiscalía ha rechazado estas peticiones argumentando que es de interés público concluir el juicio lo antes posible, pero ha aceptado reducir las audiencias de tres a dos a la semana debido al trabajo del primer ministro.
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