Tras un mes crítico de interrupciones eléctricas y escasez de combustible que paralizaron la isla de Margarita, el retorno a una relativa normalidad no puede ser celebrado como un éxito. En realidad, subraya la fragilidad de un sistema energético incapaz de garantizar estabilidad en un estado cuya economía depende en gran medida del turismo y el comercio.
El suministro de electricidad y gas en Nueva Esparta ha sido recurrentemente volátil con interrupciones constantes, tanto programadas como inesperadas, que afectan la calidad de vida de los habitantes y la viabilidad económica de la región. En particular, las fluctuaciones de voltaje han ocasionado daños a electrodomésticos y equipos electrónicos, pérdidas que ningún organismo estatal ha asumido.
La causa principal de esta precariedad radica en una infraestructura envejecida, poco preparada para manejar el aumento de la demanda que acompaña al crecimiento poblacional y el desarrollo turístico de la isla. A esto se suma la falta de inversión en mantenimiento preventivo, un problema común en el sistema energético nacional que repercute con mayor fuerza en zonas insulares como Margarita.
La economía nacional en crisis, agravada por sanciones internacionales, ha limitado la capacidad del gobierno para adquirir insumos esenciales y realizar inversiones significativas en el sector energético. Sin embargo, culpar únicamente a las medidas coercitivas ignora décadas de mala gestión, corrupción y falta de planificación estratégica en el manejo de los recursos energéticos.
En el caso específico de Nueva Esparta, la desconexión de la isla de los principales sistemas de suministro del país complica aún más la situación. La dependencia de plantas eléctricas locales que funcionan con combustible -en un contexto de escasez de gasolina y gasoil- coloca a la región en una situación de alta vulnerabilidad.
Es imperativo que el Estado venezolano reconozca que la solución a la crisis energética de la isla de Margarita no puede limitarse a reparaciones superficiales ni a la implementación de medidas reactivas. Por lo tanto, insistimos que se implemente una estrategia integral que contemple: la modernización de la infraestructura, una inversión sostenida, la diversificación energética y un programa de educación y concienciación, tal como lo hemos propuesto en dos artículos anteriores «Macanao: Un desafío persistente» e «Independencia eléctrica: Una deuda con los margariteños».
La crisis energética de la Perla del Caribe no es un evento aislado; es un síntoma de un problema estructural que afecta a toda Venezuela. Sin embargo, la insularidad de Margarita magnifica las consecuencias, dejando a su población en un estado de precariedad inaceptable. Garantizar un suministro energético estable y confiable no solo es un deber del gobierno, sino también una condición indispensable para la recuperación económica de la región y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
El pueblo margariteño merece algo más que parches temporales. La estabilidad energética debe ser vista como una prioridad nacional y como una muestra de respeto hacia una región cuya contribución económica y cultural es clave para el país.
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