Estados Unidos ha ensayado dos tipos de sanciones contra el chavismo en Venezuela. Sanciones contra el régimen político y sanciones contra sus operadores. La base de estas medidas está en la orden ejecutiva 13692 dictada por el entonces presidente norteamericano Donald Trump en marzo de 2015. Desde el punto de vista geopolítico estas sanciones han constituido un intento sistemático, aunque no necesariamente efectivo, de buscar el debilitamiento económico del fascismo chavista del siglo XXI en Venezuela.
La inefectividad de estas sanciones para debilitar realmente al chavismo comienza desde el principio cuando a modo de pie de página se establecen una serie de excepciones para que determinadas entidades continúen haciendo negocios en forma directa o indirecta con el régimen venezolano, fundamentalmente las vinculadas al negocio petrolero que es precisamente de donde el chavismo obtiene recursos para pagar por su aparato político-militar-policial.
Las sanciones dirigidas exclusivamente contra operadores políticos y militares del régimen igualmente desde un principio dejaron por fuera a un importante segmento de individualidades que son familiares, amigos y relaciones de los operadores y quienes actúan como beneficiarios o testaferros de los bienes objetos de la medida ejecutiva.
El resultado de esta forma peculiar de aplicar las medidas es que el régimen chavista puede seguir burlando el cerco financiero vía excepciones y colocando petróleo en los mercados negros, con la tolerancia de Estados Unidos. Y por su parte los operadores sancionados, a través de sus familiares y relacionados, siguen moviendo inmensas masas de dinero desde Venezuela para ser lavadas en Estados Unidos burlando el propósito de la medida ejecutiva.
A pesar de la inocuidad e inefectividad de estas sanciones contra el régimen chavista este no ha dudado ni un minuto en echarle la culpa de su fracaso económico a las medidas y por supuesto se niega a admitir que es el resultado del masivo y sistemático saqueo del erario nacional durante 25 años.
El mercenario aparato de propaganda del chavismo ha logrado convencer a buena parte de sus clientelas civiles y militares que la miseria, la quiebra, y la depauperación del país son culpa de las sanciones, no de la ineptitud de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez o Diosdado Cabello. Este discurso ha sido comprado y reciclado por algunos componentes de la falsa oposición que con sospechosa candidez dicen que las sanciones hay que suavizarlas o en todo caso suspenderlas porque son contra los venezolanos y no contra los chavistas.
Hace unas semanas el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley con apoyo bipartidista para prohibir operaciones financieras y de arrendamiento con el régimen chavista en Venezuela, la llamada Ley Bolivar cuyo acrónimo en inglés se lee como Banning Operations and Leases with the Illegitimate Venezuelan Authoritarian Regime. Esta ley no cambia en absoluto la dinámica porque en realidad se trata de codificar en en un solo cuerpo jurídico medidas administrativas que ya habían sido tomadas por los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden, sin agregar nada nuevo.
Habrá que esperar las primeras horas del gobierno de Trump el 20 de enero de 2025 cuando el nuevo presidente de los Estados Unidos podría tomar una serie de medidas ejecutivas relacionadas con el tema petrolero que sin duda impactarán directa e indirectamente al régimen chavista. En materia de sanciones no es probable que Trump revierta o modere las que están en vigencia. De mantenerse el actual esquema de sanciones y la situación política en Venezuela el nuevo gobierno de Trump tendría que revisar la efectividad de esa política sancionatoria que él mismo inició hace una década.
Con casi diez años de experiencia acumulada y con la evidencia de que el chavismo siempre tratará de burlarse de las medidas contra el régimen y contra sus operadores el nuevo gobierno de Donald Trump podría considerar eliminar la política de excepciones sobre quienes pueden negociar con el régimen chavista y extender el alcance de las medidas personales e individuales a los familiares y relaciones de los operadores del régimen, muchos de ellos cómodamente instalados en los Estados Unidos, porque no hay mejor sitio para gastarse lo robado en Venezuela que las entrañas del imperio mismo.
Más sanciones y menos excepciones a las mismas sería una buena forma de replantear la nueva política de Donald Trump frente al fascismo chavista del siglo XXI.
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