Según las previsiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones español, aproximadamente 900.000 extranjeros en situación irregular podrán legalizar su situación en el país en los próximos tres años gracias a los cambios aprobados en el Reglamento de Extranjería.
La ministra Elma Saiz dijo al presentar los cambios que «el objetivo es reforzar y ampliar las vías de acceso a la regularización de las personas migrantes que están en España para que puedan llevar una vida plena como ciudadanos».
La reforma, dijo la ministra, «representa un equilibrio entre la extensión y protección de los derechos de las personas migrantes y el rigor jurídico y la atención a las necesidades de España».
A continuación, te presentamos tres claves de una reforma que coloca a España a contracorriente en un momento en que otros gobiernos de países desarrollados imponen restricciones crecientes a la inmigración.
Activistas celebran frente al Congreso de los Diputados en Madrid la admisión a trámite de una iniciativa legislativa popular para regularizar inmigrantes irregulares – Getty Images
Según el gobierno, el cambio aprobado busca atender las demandas del mercado laboral y de las empresas españolas tanto como las necesidades de los migrantes.
El reglamento establece nuevas figuras de arraigo, una fórmula contemplada en la ley española por la que un extranjero en situación irregular en España puede regularizar su situación cuando existan vínculos con el lugar en el que reside, ya sean de tipo económico, social, familiar, laboral o formativo.
Decenas de miles de extranjeros en situación irregular en España podrán beneficiarse de alguna de las cinco nuevas modalidades de arraigo (social, sociolaboral, familiar, socioformativo y de segunda oportunidad).
Según los cálculos del gobierno español, permitirán regularizar a 300.000 personas cada año durante los próximos tres años.
Pero el nuevo reglamento incluye también la flexibilización y simplificación de muchos trámites de extranjería, así como mejoras concretas para otros colectivos de migrantes.
Los estudiantes extranjeros podrán compatibilizar sus estudios con un trabajo – Getty Images
Da facilidades para trabajar a los estudiantes extranjeros en España y facilita la residencia en el país europeo a los extranjeros que tengan allí un familiar que haya obtenido la nacionalidad española.
Según la nota de prensa difundida por el Ministerio de Inclusión, «la mayoría de las personas que se van a beneficiar» de la nueva regulación del arraigo familiar «son personas que han obtenido la nacionalidad española y pueden traerse a su familia».
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 240.000 extranjeros residentes en España adquirieron la nacionalidad española solo en 2023.
Los familiares de todos ellos están entre los potenciales beneficiados del cambio aprobado.
El nuevo reglamento también contempla la reagrupación familiar en España de las parejas que no sean matrimonios ni parejas de hecho, pero puedan acreditar «una relación afectiva análoga».
Esto abre la puerta a las parejas no heterosexuales a las que las leyes de su país de origen no les permite registrarse como tales, lo que sucede aún en países latinoamericanos de los que proceden muchos inmigrantes afincados en España, como Perú.
2. Cuáles son los principales cambios aprobados
Además de los mencionados, el nuevo Reglamento de Extranjería establece un amplio abanico de cambios.
Entre los principales figuran:
- Se abre la puerta a la regularización de los extranjeros que hubieran tenido una autorización de residencia en España, pero la hayan perdido.
- No habrá que salir de territorio español para tramitar una residencia de larga duración después de haber tenido una residencia temporal.
- Se reduce de tres a dos años el tiempo de estancia en España requerido para justificar el arraigo.
- Se amplía la duración del visado para la búsqueda de empleo de tres meses a un año.
- Se permite trabajar desde el primer día sin tener que solicitar la autorización específica que hasta ahora se requería.
- Los extranjeros que cursen estudios en España podrán también trabajar hasta 30 horas semanales.
- Los extranjeros que completen sus estudios en España podrán optar rápidamente a un permiso de trabajo una vez completada su formación e integrarse al mercado laboral español.
- Los extranjeros nacionalizados españoles podrán solicitar el reagrupamiento familiar en España con sus hijos extranjeros de hasta 26 años. Antes el límite de edad estaba en 21.
3. Por qué apuesta España por una regularización masiva de inmigrantes
Mientras otros países europeos y Estados Unidos endurecen su política migratoria, España parece moverse a contracorriente en este tema.
En Estados Unidos su presidente electo, Donald Trump, ha prometido una «deportación masiva» de indocumentados.
En Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, intenta que los tribunales de su país den luz verde a su plan para enviar a los solicitantes de asilo a Albania.
Y en Reino Unido, el primer ministro, Keir Starmer, ha dicho que su gobierno podría estar interesado en aplicar un modelo similar al de Meloni.
Pero el gobierno español muestra una mirada distinta hacia el fenómeno migratorio.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ve en los inmigrantes «riqueza, desarrollo y prosperidad» – Getty Images
Su presidente, Pedro Sánchez, dijo en una gira que lo llevó a Mauritania, Gambia y Senegal en agosto que los migrantes suponen «riqueza, desarrollo y prosperidad».
«La contribución de los inmigrantes a nuestra economía es fundamental, como lo es la sostenibilidad de nuestro sistema de seguridad social y pensiones», dijo Sánchez.
Aunque una encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas en octubre arrojó que la inmigración era el principal problema del país para los encuestados, y el tema empieza a ser objeto de controversia política, el gobierno español ve en ella una oportunidad.
De hecho, el Congreso de los Diputados admitió el pasado abril a trámite una iniciativa legislativa popular que, de ser aprobada, supondría aún más regularizaciones de extranjeros.
Distintos organismos han señalado el impacto de la inmigración en el buen momento actual de la economía española.
Si se cumplen las previsiones de organismos como el Fondo Monetario Internacional, será la economía desarrollada que más crecerá en 2024, por delante incluso de la de Estados Unidos, y según los expertos la aportación de los inmigrantes está siendo significativa.
Los migrantes han paliado la escasez de mano de obra en sectores como la agricultura – Getty Images
Según han puesto de manifiesto diferentes estudios, los inmigrantes han ayudado a paliar la escasez de mano de obra en algunos sectores especialmente duros, como el agrícola, han aumentado la demanda y el consumo, y han contribuido a la competencia mediante la creación de pequeñas empresas,
Además, de acuerdo con las cifras oficiales, 2,9 millones de trabajadores extranjeros aportan al sistema de seguridad social español, lo que supone un 13,6% del total.
Dada la baja tasa de natalidad de la población nativa y su consecuente envejecimiento, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta crítica para mantener el sistema público que en España asegura una pensión de jubilación y otras prestaciones.
Según le dijo a la BBC Javier Díaz Giménez, profesor de Economía en la escuela de negocios IESE, España vivió un baby boom entre mediados de la década de 1950 y la de 1970, pero a eso siguió una caída pronunciada de los nacimientos, por lo que esa generación se acerca a la edad de retiro sin que haya trabajadores suficientes para reemplazarla.
«Los próximos 20 años serán cruciales porque se van a jubilar cada vez más trabajadores», dijo Díaz-Giménez, que recuerda que «de acuerdo con las proyecciones demográficas más recientes, 14,1 millones de trabajadores se retirarán en ese periodo».
En esa línea, un informe publicado en abril por el Banco de España estimó que el país europeo necesitará 24 millones de inmigrantes para mantener su relación actual de trabajadores activos por pensionista.
Y, según el Ministerio de Inclusión, España pierde unos US$17.950 millones al año por la «discriminación laboral y educativa de la población extranjera».
Sus gobernantes actuales están convencidos de que regularizarlos es un buen negocio para España.
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