Nueve organizaciones defensoras de los derechos humanos en Guatemala presentaron un informe el jueves en el que denunciaron que el Ministerio Público —a cargo de la fiscal general Consuelo Porras— genera injusticia e impunidad, al haber dejado de perseguir delitos comunes como la violencia contra las mujeres y criminalizar a quienes intentan investigar irregularidades.
Las nueve organizaciones, aglutinadas en un grupo de Convergencia en Derechos Humanos, investigan y denuncian violaciones a dichos derechos, entre ellas casos de violencia hacia mujeres, crímenes contra defensores de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y corrupción.
En su informe indicaron que durante la gestión de Porras ha disminuido en un 30 % la obtención de sentencias por delitos cometidos en el país. Además, «un 87 % del total de denuncias fueron desestimadas y archivadas, generando impunidad sistémica», señaló Alejandro Rodríguez, abogado y uno de los integrantes del grupo.
En un mensaje telefónico a The Associated Press el jueves por la noche, la Fiscalía dijo que las acusaciones eran falsas y que esa administración ha sido la «más eficiente de la historia».
Según la Dirección de Comunicación del Ministerio Público, «actualmente se ha resuelto el 99 % de esta mora fiscal heredada de administraciones anteriores y se ha alcanzado una efectividad del 97 % en la resolución de los nuevos casos, resolviendo 2.568.219 expedientes», sin entrar en detalles sobre la forma en que se resolvieron los casos.
El sistema judicial y fiscal de Guatemala ha sido cuestionado por diversas organizaciones y países, así como por el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, quien asumió el poder en enero y prometió en campaña luchar contra la impunidad y la criminalización de quienes denuncian irregularidades.
En una visita al país en julio de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, habló sobre los alegatos de falta de objetividad «ampliamente difundidos sobre el trabajo del MP» y requirió que el Estado de Guatemala haga «un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos».
Las organizaciones de la Convergencia exhortaron el jueves a que, a través de la ley, se pueda establecer un mecanismo independiente con miras a investigar, juzgar, sancionar y definir responsabilidades legales ante casos de denegación de justicia por parte de la fiscalía.
Rodríguez recordó que la fiscalía ha dicho que en su gestión llevan más de tres millones de casos resueltos, pero matizó que, de estos, poco más de 300.000 han tenido salidas efectivas con acusaciones o sentencia.
La organización califica de salida efectiva o positiva a los casos en los que hay sentencia condenatoria y el denunciante queda satisfecho. Según su registro, sólo en el 8,6 % de los casos resueltos se da esta situación.
Según las organizaciones, delitos como la violencia contra la mujer tienen una resolución del 3,7 % de los casos, lo que consideró que equivale a un 96,3 % de impunidad. En delitos contra la vida se resolvieron un 6 % de los procesos, generando impunidad en el otro 94 %, mientras que en las extorsiones se resolvieron un 5 % de los casos, con una impunidad del 95 %.
En cuanto a la corrupción, Rodríguez indicó que Porras hace un uso indebido del derecho penal, y que un total de 118 acusados fueron absueltos y liberados en casos emblemáticos.
La fiscalía tiene a disposición el presupuesto más grande de la historia —3.067 millones de quetzales, casi 400 millones de dólares—, recalcó el abogado, pero está enfocada «en la protección de corruptos y la obstrucción de la justicia».
Los defensores de derechos humanos explicaron que durante la gestión de Porras ha habido desmantelamiento de fiscalías, uso indebido del derecho penal, creación de un grupo armado de élite, destitución de fiscales que iniciaron investigaciones anticorrupción y justicia transicional —posterior a conflictos—, así como persecución arbitraria.
«La fiscal general ha destruido la capacidad de la institución para cumplir con su mandato. El ejercicio del cargo ha sido altamente insatisfactorio, por lo que debe haber una responsabilidad civil, administrativa y penal», requirió Rodríguez. Exhortó a nombrar un fiscal especial, sin injerencias, que pueda investigar los delitos de Porras.
En paralelo a la presentación del informe, Porras citó el jueves a algunos medios de comunicación a una conferencia de prensa para hablar sobre una invitación que le hizo a Arévalo a la Fiscalía. El mandatario guatemalteco no asistió, argumentando que la ley lo faculta a él, y no a ella, a citarla para rendir informes.
Porras alegó que la invitación era una oportunidad para el presidente de poder «platicar sobre temas sobre el país, para poder armonizar y lograr lo que el pueblo demanda».
Arévalo ha pedido la renuncia a Porras en varias ocasiones tras llegar al poder, así como un reporte de actividades de la Fiscalía.
La fiscal general mantiene una arremetida contra miembros del partido de gobierno y contra el propio presidente —a quien ha pedido que le sea retirada su inmunidad en varias ocasiones— en el marco de una investigación por el financiamiento de su partido político.
Intentó evitar que él participara como candidato presidencial en segunda vuelta e incluso anular los comicios por presunto fraude, que ganó Arévalo con amplio respaldo popular.
Porras, al igual que varios de sus fiscales, ha sido sancionada por más de 40 países que le prohíben entrar a sus territorios, acusándola de obstaculizar la lucha anticorrupción y obstruir la democracia en Guatemala.
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