En esa línea, el fiscal general del estado, Rob Bonta, reconoció que, si bien el gobierno de California puede brindar asistencia legal y garantizar el debido proceso, los funcionarios estatales no tienen poder directo para proteger de la deportación a quienes se encuentran en el país de forma irregular.
Mientras, la Junta Escolar de Los Ángeles amplió el concepto de santuario para amparar no sólo a los estudiantes inmigrantes, sino también a la comunidad LGBTQ+ del segundo mayor sistema docente del país.
Y es que se teme que Trump y los republicanos puedan tratar de revertir las protecciones para los residentes transgénero del estado.
Previéndolo, ya en julio el gobernador Newson firmó una ley que prohíbe a los distritos escolares obligar a los docentes a notificar a los padres si los alumnos les piden que los llamen por un nombre o pronombre distinto al asignado.
Eso ha llevado al estado a involucrarse en una serie de batallas con los distritos controlados por juntas conservadoras, y los expertos adelantan que es posible que los líderes republicanos quieran intervenir, algo que también podría ocurrir en materia de derechos reproductivos.
Aunque hacia el final de la campaña Trump suavizó su postura frente al aborto, su base más conservadora critica que California haya enmendado su Constitución estatal para consagrar ese derecho, después de los votantes así lo aprobaran.
Y también se oponen a los esfuerzos de Newson para que se provean servicios de salud reproductiva a mujeres procedentes de estados donde la interrupción del embarazo está prohibida o muy restringida.
La agenda medioambiental de Trump podría amenazar las políticas de California que durante décadas han ayudado a marcar el ritmo para el resto del mundo. Getty Images
Asimismo, la agenda de Trump para el medio ambiente —confirmada con la elección de Christ Wright, un firme defensor de la industria de los combustibles fósiles y negacionista de la crisis climática, como secretario de Energía—, podría amenazar las políticas de California que durante décadas han ayudado a marcar el ritmo para el resto del mundo, como las normas estatales para las emisiones de los vehículos.
Existe además el precedente del primer mandato de Trump, cuando revocó más de 100 regulaciones que tenían como objetivo un aire y un agua más limpios, el control de químicos tóxicos y la conservación de la vida silvestre.
Asimismo, el republicano tachó de “engaño” el calentamiento global y retiró a EE UU del Acuerdo de París, cuyo fin es impedir que las temperaturas globales aumenten más de dos grados celsius respecto a las preindustriales.
A sabiendas de ello, el gobernador Newson viajó la semana pasada a Washington para reunirse con funcionarios clave de la administración Biden-Harris.
Pero lo hizo sobre todo para presionar a la Agencia de Protección de Medioambiente (EPA, por sus siglas en inglés) para que dé luz verde a ocho normas pendientes de aprobación en esa materia, para que el aún presidente las pueda firmar antes del 19 de enero y así entren en vigor.
La vía de las demandas y el poder del federalismo
Entre tanto, otros líderes demócratas de California, incluido el fiscal general Bonta, llevan semanas urdiendo la estrategia para blindar al estado ante potenciales órdenes ejecutivas y demás acciones del futuro gobierno republicano.
“Si Trump no infringe la ley, si no viola la Constitución, si no se extralimita en su autoridad valiéndose de vías ilegales, no habrá nada que tengamos que hacer”, le dijo Bonta al diario Los Angeles Times.
“Pero si hace lo que hizo la última vez, y si hace lo que el Proyecto 2025 sugiere que hará, claro que nos veremos las caras en los tribunales, porque estará infringiendo la ley”, zanjó.
Durante el primer mandato del republicano, el entonces fiscal general de California, Xavier Becerra, demandó a la administración Trump más de 100 veces.
Con el aumento de la polarización política, en los últimos años, los estados han echado cada vez más mano de ese recurso, y cada vez con mayor éxito.
De acuerdo a una base de datos creada y mantenida al día por Paul Nolette, politólogo de la Universidad de Marquette (Milwaukee, Wisconsin), los fiscales generales republicanos de varios estados han interpuesto en torno a 60 demandas contra la administración Biden, ganando un 76% de ellas.
Y durante la primera administración Trump, los fiscales estatales demócratas ganaron el 83% de los 160 litigios emprendidos contra el gobierno federal.
Gobernadores demócratas como JB Pritzker, de Illinois, también han adelantado que su estado se sumará a la resistencia contra la administración Trump de ser necesario. Getty Images
Erwin Chemerinsky, decano de la Escuela de Leyes de la Universidad de California, Berkeley, espera que el escenario se repita en parte.
“Los tribunales ahora son más conservadores que cuando Trump asumió el cargo en 2017, y creo que esta administración será más agresiva a la hora de impulsar la agenda conservadora, y lo hará antes”, le dijo a The New York Times.
“Aunque también los estados responderán de forma más agresiva desde el principio”, añadió.
Eric Schickler, codirector del Instituto de Estudios Gubernamentales de esa misma universidad californiana y autor del libro Partisan Nation, también habla de agresividad y prevé que en la segunda administración Trump la vía legal implicará desafíos nuevos.
“Hay muchas políticas federales que Trump impulsará y que pueden tener un gran impacto en el estado, y las herramientas para resistirse a ellas pueden ser limitadas, especialmente dada la voluntad agresiva de Trump de usar el poder ejecutivo«, le dijo Schickler al Los Angeles Times.
«Y luego está el hecho de que los tribunales generalmente están controlados por conservadores que tienen una visión firme del poder presidencial”.
Sea como fuera, el gobernador Newson ya ha adelantado que su estado no pretende emprender la lucha solo.
.@KamalaHarris set out to fight to defend our fundamental freedoms and build a country that works for everyone. She stood up for working families, decency, and opportunity.
Though this is not the outcome we wanted, our fight for freedom and opportunity endures.
California…
— Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 6, 2024
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“California buscará trabajar con el presidente entrante, pero no nos equivoquemos: cerraremos filas con estados de toda la nación para defender nuestra Constitución y el estado de derecho”, escribió en la red social X tras conocerse los resultados de las elecciones.
Ya han sido varios los representantes demócratas de otros estados que anunciaron se sumarían, de ser necesario, a la resistencia; como el gobernador de Illinois, JB Pritzker, o el fiscal general de Washington y ahora gobernador electo, Bob Ferguson.
“El federalismo es la piedra angular de nuestra democracia. Son los ESTADOS Unidos de América”, zanjó Newson en su post en X.
