El expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani es requerido por su país, que ha emitido una orden de detención en su contra por el asesinato, en 1989, de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos de sus colaboradoras.
“Esta decisión ha sido esperada desde hace tiempo. Nosotros denunciamos al expresidente Cristiani, junto a seis oficiales de alta jerarquía de la Fuerza Armada de El Salvador. 24 años pasaron ya desde el 2000 a la fecha”, dice a RFI Benjamín Cuellar, exdirector del centro de derechos humanos de la Universidad Centroamericana, la universidad de los jesuitas asesinados.
“Sí hubo condenas, pero hubo condenas de dos que no tienen la participación más decisiva. Esta es de los autores imprescindibles, que son los que dan las órdenes de matar sin dejar testigo. Salieron libres por la amnistía que se decretó en 1993, hasta que logramos que se declarara inconstitucional. Fue detenido nuevamente el coronel Benavides, quien ahora está guardando prisión domiciliar”.
En 1989 un grupo de élite del ejército del Salvador, en plena guerra civil, irrumpió en el Campus de la UCA y masacró a los sacerdotes. Cristiani, fugado desde 2021, era en esos momentos presidente de la nación centroamericana. En 2009 y bajo la figura de la justicia transnacional, la audiencia Nacional de España imputó por este caso a 14 ex oficiales, pero no a Cristiani, pese a que la acusación así lo pedía. Uno de los abogados querellantes fue Manuel Ollé.
“Nosotros llegamos a la conclusión que cuando menos el entonces presidente Cristiani había sido encubridor de los crímenes que se habían cometido, de esas graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o en el contexto de un conflicto armado no internacional. Nosotros llegamos hasta tal punto de querellarnos contra él aquí en España y de aportar todas las pruebas en las que, para nosotros, indudablemente tenía el papel de encubridor. Porque no olvidemos que fue un crimen estatal. Fue organizado, como dice la sentencia española, en el seno del Gobierno y, por tanto, en el seno también de los militares que formaban parte del Gobierno”, dice Ollé.
El caso terminó con un acusado, el exviceministro de seguridad Pública salvadoreño Inocente Montano, encarcelado. En el Salvador hay otro detenido, pero nunca se había apuntado a la cúpula detrás del crimen. El caso se reabrió en 2022 y junto a Cristiani figuran nueve militares que serán juzgados por actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento personal.
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