Observadores auguran un proceso electoral violento en Ecuador

Miembros del Observatorio Ciudadano de Violencia Política (OCVP) auguraron este martes un nuevo proceso electoral violento para la campaña que precede las elecciones de Ecuador, que tendrán lugar en febrero de 2025, ante los casos de asesinatos, secuestros y amenazas que ya están reportando personalidades de la política.

Así lo expresó Anahí Macaroff, coordinadora de la organización alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Ecuador que, junto con la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía (MEGA), crearon este observatorio para promover unas elecciones libres de violencias, a través del análisis y la reacción oportuna ante este tipo de actos.

Macaroff explicó que, durante este periodo electoral, personajes políticos como Jan Topic, cuya candidatura fue descalificada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), o Pedro Granja, quien renunció a realizar actividades presenciales por amenazas a su vida y presuntos atentados contra su entorno, ya están viviendo esta violencia política.

El periodo de observación que va a llevar a cabo el OCVP comenzará durante la precampaña electoral, a partir del 3 de diciembre, donde se recogerán los casos de violencia política que se den en el país, así como se analizará el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el anterior periodo electoral.

Macaroff aseveró que para una verdadera democracia “se requiere de un proceso electoral libre de violencia”.

El proceso electoral más violento

El Observatorio se constituyó ante las elecciones extraordinarias que tuvieron lugar en 2023 y se aplica en torno a tres enfoques: la violencia política que ataca a la vida y a la integridad; la que se realiza por razones de género; y aquella que afecta a los principios de igualdad y no discriminación.

Según el informe resultado de esas elecciones, en los dos últimos periodos electorales de Ecuador se produjeron 92 agresiones a la integridad y a la vida, 31 de ellas en las elecciones anticipadas de 2023 que, según se indicó en el texto, fue “el proceso electoral más violento de la historia de Ecuador”.

#MJRVElecciones2025 🙋‍♂️🙋‍♀️

📍 Notificamos a los Miembros de Juntas Receptoras del Voto para las #Elecciones2025Ec. 🗳️🇪🇨

📍 Si fuiste designado como #MJRV capacítate desde el 2 de diciembre. 🗓️ pic.twitter.com/T1VCmjowuw

— CNE Tungurahua (@CNE_Tungurahua) November 19, 2024

Dentro de las agresiones se incluyen 13 asesinatos, incluido el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que resultó ser un hecho sin precedentes en la historia democrática de Ecuador.

Por su parte, Ana Gómez, representante del OCVP, recordó que tanto los atentados como las amenazas se incrementan con el acercamiento a la campaña electoral y a las elecciones.

“Reflejan que este fenómeno sigue vivo y, lamentablemente, genera una inseguridad a todo aquel que quiera atreverse a tener un candidato a la Presidencia”, expresó Gómez, lo cual limita el derecho político a la participación.

Violencia política de género 

Estos casos, que van “mermando de cierta forma la democracia” fueron los que más acapararon la atención de la ciudadanía, anotó Gómez, pero el Observatorio también recoge los casos de violencia política de género en el país.

Entre ellos, Gómez mencionó el caso del actual presidente, Daniel Noboa, y la vicepresidenta, Verónica Abad, que apunta a presuntas aplicaciones irregulares de la norma para quitarle sus funciones y que “abre la puerta” a otras situaciones con la misma forma.

Gómez anotó que la violencia política por razones de género que más se puede ver, en campañas altamente digitales como las actuales, es aquella que va contra la imagen pública de la candidata, ya sea a través de imágenes y videos alterados por inteligencia artificial.

También, mencionó como otro de los elementos a tener en cuenta la reducción de la candidatura de las mujeres a una posible vinculación sentimental con los líderes de los partidos políticos.

Recomendaciones 

Entre las recomendaciones que presentan desde el OVCP se encuentra una política integral de abordaje de la violencia política desde el Ejecutivo y el Legislativo, pero también la fiscalización, sobre todo, del ingreso y del financiamiento a la política.

“Lo que queremos es precisamente generar no solamente un proceso de reflexión sino también de cambio desde el Estado”, expresó Gómez.