Desde Buenos Aires, la argentina Patricia Tappatá Valdez (Bahía Blanca, 1952), recuerda que el trabajo que hace junto a sus compañeros Marta Valiñas, abogada portuguesa con gran trayectoria en la Corte Penal Internacional, y el abogado chileno Francisco Cox, con un destacado trabajo en la investigación del caso Ayotzinapa, es voluntario y ad honorem. Tappatá no viene del Derecho sino de las Ciencias Sociales y ha trabajado por décadas en derechos humanos en todo el mundo. Recientemente integró Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que se activó en Bolivia tras la crisis política de 2019. También fue directora de la Comisión de la Verdad para El Salvador en la década de los noventa, establecida como parte de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la larga guerra civil en el país centroamericano. Se sumó a la investigación en Venezuela en 2021 y en los años siguientes dice que ha visto un retroceso en materia de derechos humanos. “El comportamiento del Gobierno tiene correspondencia con hechos condenables”, dice la experta por videollamada. “No ha sido solo la actuación de las fuerzas de seguridad sino que se ha recibido un estímulo de las más altas autoridades. Ahí no hay lugar a decir que hubo un uso excesivo de la fuerza, sino que hay un discurso que justifica la represión y la anuncia”.
Pregunta. ¿Cómo ha evolucionado la situación de derechos humanos en el tiempo que lleva investigando la misión?
Respuesta. En el informe 2020 se dio cuenta de las ejecuciones extrajudiciales y de una represión violenta a la protesta. En 2021 hicimos un informe pormenorizado sobre cómo el aparato de justicia actuaba como un brazo para encubrir y retrasar la justicia en todas sus formas, desde el nombramiento de funcionarios hasta la actuación de un fiscal general que trabaja para otorgar visos de legalidad a las medidas que toma el Poder Ejecutivo. En 2022 ampliamos la investigación para demostrar cómo funcionan los dos servicios de inteligencia que forman parte del aparato de represión y mostramos la cadena de mando. Y volvimos en el 2023 a trabajar sobre la institucionalidad de Venezuela para mostrar el modo en que un plan destinado a desalentar y aplastar a la oposición política tiene la participación activa no solo de las fuerzas de seguridad, sino de las distintas dependencias del Gobierno, lo que incluye al Consejo Nacional Electoral y la Contraloría para poner obstáculos de manera permanente en el proceso electoral e inhabilitar candidatos. La comunidad internacional puede observar que cada uno de los pesos y contrapesos de toda democracia que se pretenda robusta, ya que ese término fue usado en el Consejo de Derechos Humanos, han sido anulados por la vía del avance del Poder Ejecutivo. Para nosotros está claro que hay plan sistemático que nos ha llevado a afirmar se está cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecución política, en razón de la identidad de las víctimas por su afinidad a una idea política. Con el devenir de los años se ha cerrado de forma drástica del espacio de la actividad pública por dos vías: con una legislación que se ha venido sofisticando para ir tocando más resortes que ponen a las instituciones y personas bajo la amenaza y vigilancia del Estado y, por otro lado, con una represión selectiva hacia quienes alzan su voz. Eso ha dado como resultado que la capacidad de juego de los actores sociales y políticos esté restringida o sea nula, porque constantemente se está mostrando que las consecuencias de expresarse son el encarcelamiento.
P. ¿De todo lo que han documentado qué es lo que más le ha impactado?
R. Lo que más nos preocupa está puesto en el informe, pero desde mi opinión, una de las cosas que más me impacta es el aprendizaje del Gobierno y el juego con los límites de la legalidad. Está utilizando el ordenamiento legal de Venezuela y los compromisos internacionales para jugar en los límites. En los informes hablamos de desapariciones forzadas de corta duración, porque la gente no desaparece para siempre, pero esas detenciones tienen elementos que son propias de la desaparición forzada, son presentadas fuera del plazo, en la noche, en espacios que no son los adecuados para las audiencias y sin avisar a las familias y abogados. Y uno dice eso, pero es inverificable si esto se realizó, porque no hay acceso a los expedientes. Lo que más me preocupa es la extensión de la detención arbitraria como método de represión, sin orden judicial, sin informar las razones, la negación de paradero durante varios días y el juego con el límite. Los más afortunados han sido presentados antes de las 48 horas del plazo legal, pero hay muchos casos en los que esto no ha ocurrido. Es una característica grave e innecesaria con el propósito de extender el temor, mantener la incertidumbre y cumplir el objetivo de aplastar a la oposición que el régimen percibe como tal.
P. ¿Cree que esa habilidad de actuar en los límites de la legalidad ha dificultado a algunos países de la región condenar más abiertamente lo que ocurre en Venezuela?
R. Eso genera dificultad para clasificar de manera categórica la actuación del Gobierno de Venezuela como totalmente fuera de la ley. Pero eso no impide apreciar los hechos que ocurren a la vista. Como misión no nos toca emitir opinión sobre esto, pero pienso que quizás tiene que ver con la amplia frontera compartida con países muy importantes y el deseo de toda la comunidad internacional de no extremar la situación para encontrar una salida que no cause más daño. Ahora, no se puede dejar de lado el sufrimiento que se está causando a las familias venezolanas por varias vías. La primera y más grosera en términos de tamaño es la migración. Por otro lado, las condiciones de privación de servicios básicos en un país que es propietario de grandes recursos naturales es una gran contradicción. La capacidad de jugar en los límites es para su propia población y para autocensurar lo que otros puedan decir. Pero la comunidad internacional ha renovado el mandato de la misión, porque Venezuela no puede quedar fuera de la vigilancia internacional ya que los hechos son realmente graves.
P. En los últimos meses ha sido significativa la detención de niños y adolescentes que no parece coincidir con ese principio de la represión selectiva. ¿Cómo lo interpreta usted?
R. Vemos con particular preocupación la represión a los menores, que podría inferirse que está dirigida a mostrar los resultados de participar directamente en una crítica al Gobierno. En estos casos han sido detenciones llevadas adelante por contenidos en los teléfonos o por participación en protestas callejeras. En ambos casos son actividades lícitas, pero que han sido objeto de represalias. El sentido es la extensión del temor y el mostrar los resultados de participar en lo que el Gobierno considera que no es una crítica admisible en Venezuela.
P. ¿Qué consecuencias tiene a largo plazo para una sociedad la ocurrencia de este tipo de hechos?
R. Las consecuencias son siempre malas. Estoy pensando en España luego del franquismo o en mi país, Argentina, luego de los largos años de la dictadura. Eso tiene consecuencia en las formas en que la gente interactúa en la vida pública. La gente empieza a privilegiar el silencio, a no involucrarse, incluso en causas que pueden verse apartadas de la política e incluso en las expresiones culturales, concebidas para expresar los sentimientos y pensamientos. Esto tiene impacto en las generaciones venideras.
P. ¿Cómo se puede desmantelar un aparato represivo y recomponer las heridas que dejan estas actuaciones?
R. En el caso de los aparatos de las Fuerzas Armadas y de seguridad no es un proceso simple pero hay varios países que lo han hecho. Se trata esencialmente de una decisión de orden político e institucional, cambiar el eje de la misión que se les encomienda. No es casualidad que en ocasión de esta última confrontación por los resultados electorales ha habido apelaciones casi diarias a la unidad entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas y de seguridad. Eso no va en línea en un cambio del eje de actuación. Y después se trata decisiones operativas, que no sea un cambio de nombre, un rebranding como ya ha pasado. En el caso de las víctimas son procesos de reparación que, en el caso de las fatales nadie puede devolver esa vida. Las autoridades de Venezuela deben hacer un reconocimiento con fuerza del carácter de ciudadanos de las víctimas y de sus derechos y su protección. Cuando el Estado agrede de manera decidida a sus ciudadanos algo no funciona bien. Si las condiciones cambian, habrá mucho que hacer en términos de curación de heridas y reparación de daños, donde la dignidad ciudadana de las víctimas que fue negada debe restituida.
P. Recientemente el presidente Maduro hizo cambios en los servicios de inteligencia, ¿a qué cree que responden estos movimientos?
R. No tengo una interpretación especial de por qué se han producido estos cambios. Si hubieran estado acompañados de alguna declaración en la que digan que en función de las responsabilidades en la grave represión que han tenido el Sebin y la Dgcim sería un hecho auspicioso, porque eso hablaría de una voluntad del Poder Ejecutivo de caminar hacia una rendición de cuentas de estos mandos. Pero como no se ha explicado cuál es el motivo no podría ni alegrarme pensando en que lo próximo será más respetuoso de los derechos humanos o que simplemente corresponde a movimientos internos de autoridades después del resultado electoral.
P. ¿Han podido confirmar la adopción por parte del Estado venezolano de alguna de las recomendaciones que hacen en sus informes?
R. Ninguna de las recomendaciones ha sido llevada adelante porque el Estado desconoce explícitamente la existencia de esta misión. Pero está bueno recordar que uno puede desconocer lo que sea, pero las cosas no dejan de formar parte de la realidad. La misión sigue existiendo y fue votada por un buen número de países. Las cosas no ocurren de acuerdo a los deseos, no importa la naturaleza de la autoridad que los exprese.
P. El Gobierno ha criticado duramente la actuación de la misión. ¿Qué perspectivas tiene sobre su trabajo los próximos dos años?
R. Tomamos nota de las expresiones del Gobierno sobre la tarea de la misión. La misión existe, no por voluntad de los expertos, sino por un grupo de países que considera que Venezuela, por una serie de hechos que comprobadamente ocurren, no puede quedar fuera de vigilancia internacional. Y, por supuesto, que no es el único país que está bajo vigilancia. A la vez, Venezuela continúa participando de estas instancias con lo cual debiera considerar admitir nuestro ingreso al país, contestar las afirmaciones que nosotros hacemos con evidencias de que los hechos no son como nosotros los relatamos, decir que sí se cumplen los plazos legales, que las familias pueden visitar a los presos, que los menores no están detenidos incumpliendo las normas mínimas que obligan los tratados internacionales y que no se está persiguiendo en razón de la identidad política. Esos serían gestos muy positivos y fundamentales. También que admitiera que el Alto Comisionado instale de nuevo su oficina para asistir mejor a la víctimas y hacer monitoreo de la situación. Lo que nosotros esperamos es que el Gobierno corrija el rumbo de una serie de actos arbitrarios que producen mucho daño a la población. Que cada institución cumpla con la función para la que fue creada en la Constitución, con eso serían enormes progresos. No hay manera de ocultar las gravísimas violaciones de derechos humanos que allí ocurren. El alto número de personas detenidas arbitrariamente, sometidas a acusaciones de instigación al odio, conspiración y terrorismo, así lo muestran. Esto es una situación que debe detenerse. La comunidad internacional tiene un rol importante que cumplir. No puede cansarse, que es algo a lo que las autoridades de Venezuela están apelando.
