La reforma de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, la conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’ y que EH Bildu ha pactado reformar con PSOE y Sumar, reducirá previsiblemente lo recaudado por multas por tenencia de drogas, que supuso 130 millones de euros en 2023, el 74% de los 174 millones recaudados en total en el último año.
El grueso de la recaudación guardó relación en 2023 con aquellos artículos relativos a sanciones relacionadas con la tenencia de drogas, con 130 millones en multas. Con respecto a 2022, esto supuso un aumento del 21%, según los datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior consultado por Europa Press.
El acuerdo de los partidos del Gobierno de coalición con EH Bildu contempla que la futura ley, de aprobarse, rebaje de grave a leve la sanción por tenencia de sustancias estupefacientes, por lo que la sanción por tenencia pasa de 601 a 30.000 euros a la horquilla de entre 100 y 500 euros. En 2023 se impusieron 198.570 sanciones por este motivo.
Se trata del artículo 36.16 de ley en vigor, el que más recauda dentro de la ‘ley mordaza’ porque castiga «el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares».
PLANTAS DE CANNABIS Y CONSUMO EN LOCALES PÚBLICOS
También se modificaría de grave a leve la sanción por cultivo de plantas de cannabis y otras sustancias visibles al públicos, por ejemplo en balcones y terrazas, de forma que en adelante sólo se pueda sancionar cuando el cultivo sea accesible al público. En 2023 se recaudó 188.680 euros sólo por este artículo (el 36.18), en virtud a 109 sanciones.
Aunque supuso en 2023 la modesta cifra de 89 multas que permitió recaudar 83.213 euros, el acuerdo para la nueva ley también quiere modificar la tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o establecimientos públicos.
El Gobierno y sus socios quieren que se elimine la referencia dirigida a propietarios sobre tolerancia al consumo o la falta de diligencia para impedirlo, por el concepto que entienden más objetivo de «permitir», a secas.
DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD
En total, las multas aumentaron en 2023 hasta alcanzar los 174 millones de euros, lo que representa un 17% más que el ejercicio anterior. El Ministerio del Interior desglosa las 284.512 sanciones impuestas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en otros dos apartados más: por los artículos relacionados con armas y explosivos se recaudó 20 millones de euros (+13%) y por el de seguridad ciudadana otros 23 millones (+2%).
En aplicación del artículo 36.6, el que castiga «la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes», permitió recaudar 12,3 millones de euros relativos a 18.893 sanciones tramitadas. Esto supone una subida del 7% con respecto a 2022, que dejó 11 millones en multas con 17.835 expedientes de sanción a ciudadanos.
El acuerdo con EH Bildu para retomar la negociación parlamentaria recoge que la infracción por desobediencia pase ahora de grave a leve, y se establece que debe ser «manifiesta, clara y objetivable», de manera que esté ajustada a una orden legal e impidiendo la discrecionalidad.
Las diferencias para reformar este artículo 36.6, usado en la pandemia de forma masiva, fue una de las razones por las que los partidos del Gobierno –PSOE y Sumar, con apoyo del PNV– y los partidos independentistas –ERC y EH Bildu, principalmente– no consiguieron llevar a cabo la pasada legislatura la reforma de la ‘ley mordaza’, la norma que aprobó en 2015 el PP con mayoría absoluta.
FALTAS DE RESPETO A LOS POLICÍAS
Otro de los artículos objeto de negociación es el 37.4, el que castiga las faltas de respeto a los policías, ya que los partidos del Gobierno y sus socios analizan la forma de evitar la «arbitrariedad» para que se aplique exclusivamente en insultos o injurias.
Las sanciones con este artículo 37.4 de la ‘ley mordaza’ sí bajaron en 2023 hasta anotar 22.260 multas con 4,3 millones de euros (-15%), según la estadística oficial del Ministerio del Interior con datos facilitados por las delegaciones y subdelegaciones –de Cataluña, y País Vasco sólo se incluyen expedientes tramitados por la Administración General del Estado–.
El retomado consenso entre los socios del Gobierno –con discrepancias aún latentes de Podemos y Junts– permitirá reformar las multas por faltas de respeto para «ponderar» su aplicación, contemplando que quedo sin efecto, en cualquier caso, si el sancionado se retracta de sus palabras.
