Grupos ciudadanos, ONG y personas de la sociedad civil desde distintos países de América y Europa hicieron un llamado a la comunidad internacional para que proteja los derechos humanos, la vida y la dignidad de los venezolanos, ante los hechos ocurridos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
A través de un comunicado, los firmantes exigieron «acciones concretas para detener la persecución, liberar a los presos políticos y garantizar una transición hacia la democracia haciendo respetar la voluntad de un país».
Destacaron la responsabilidad de la comunidad internacional como un conglomerado de instituciones y personas que deben promover el bienestar humano, independientemente de ideologías, raza o religión, así como la importancia del respeto a la dignidad de las personas y menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos como base de la actuación internacional.
«Se insta a que presten atención a la situación de Venezuela, evocando las declaraciones de un exdirector de la ONU que evitó que la comunidad internacional siguiera mirando hacia otro lado ante crisis graves, como ocurrió en un principio con las dictaduras en Chile y Argentina», dice el comunicado.
Violaciones de los derechos humanos en Venezuela
El texto también destaca los abusos de poder en Venezuela durante los últimos 25 años, haciendo referencia a desplazamientos masivos, violaciones de derechos humanos y la exclusión de millones de venezolanos del proceso electoral. Asimismo, subraya que la soberanía y autodeterminación de Venezuela reside en su pueblo, no en sus gobernantes, conforme al artículo 5 de la Constitución venezolana.
«El mensaje general es un llamado a la comunidad internacional para que apoye de manera activa y genuina al pueblo venezolano frente a estas violaciones a sus derechos», indicaron los más de 400 firmantes del comunicado.
Demandaron acciones de la comunidad internacional ante los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, agravados tras las recientes elecciones presidenciales. Y destacaron una serie de preocupaciones, incluyendo la represión violenta contra manifestantes, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, menores de edad y personas con capacidades diferentes.
El comunicado enfatiza la ausencia de un Estado de derecho y el abuso de poder por parte de quienes tienen el control de las armas y las instituciones en el país.
También detalla la criminalización de sectores de la población mediante acusaciones de terrorismo y fascismo, las detenciones arbitrarias de miles de ciudadanos; entre el deterioro de las condiciones de vida en el país y especialmente en zonas como el Arco Minero del Orinoco, donde los derechos ambientales también son violados con la complicidad del Estado por grupos armados paraestatales.
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