Durante su tercera investidura como presidente de Brasil, el 1 de enero de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva estuvo acompañado en el Palácio do Planalto en Brasilia, el lugar de trabajo oficial del presidente, por una multitud de líderes que se supone simbolizan una muestra representativa de la sociedad brasileña.
Entre ellos se encontraba el jefe Raoni Metuktire, mundialmente conocido defensor de la selva amazónica y líder del pueblo indígena Kayapó que habita tierras que se extienden por los estados norteños de Pará y Mato Grosso.
El mensaje que rodeó su presencia fue claro: los años de abandono y agresión que sufrieron las comunidades indígenas de Brasil durante el gobierno del ex presidente derechista Jair Bolsonaro habían terminado. El regreso de Lula al poder fue una señal de esperanza de que el gobierno brindaría mejor protección y más derechos a los 1,7 millones de indígenas de Brasil.
Sin embargo, un año y nueve meses después de que el jefe se uniera a Lula en el escenario durante la toma de posesión, la difícil situación de los pueblos indígenas en Brasil sigue siendo sombría y la violencia contra ellos incluso ha aumentado.
El jefe Raoni y Lula en la ceremonia de investidura del presidente brasileño
Según un informe de julio del Consejo Indigenista Misionero (Cimi), 208 indígenas fueron asesinados en 2023, 15% más que los 180 que fueron asesinados en 2022. Muchos de los asesinatos ocurrieron en regiones que enfrentan disputas de tierras entre comunidades indígenas y agricultores, mineros o madereros que fueron alentados por el gobierno de Bolsonaro a invadir y explotar la tierra.
A pesar de los esfuerzos del gobierno de Lula para expulsar a los invasores de tierras de territorio indígena, la creación del primer Ministerio de Pueblos Indígenas del país y sus intentos de fortalecer las agencias gubernamentales destinadas a proteger a los pueblos indígenas (como la Fundación Nacional del Indio (Funai), que fue prácticamente destruida bajo Bolsonaro), no ha logrado frenar la violencia contra esta población y, según entrevistas con líderes indígenas, en realidad poco ha cambiado sobre el terreno.
Violencia contra los pueblos indígenas
En junio de 2022, el Territorio Indígena del Valle del Javari de Brasil, un trozo de selva tropical del tamaño de Portugal que se encuentra en su frontera norte con Perú, fue noticia internacional cuando el periodista del Guardian Dom Phillips y el activista Bruno Pereira fueron asesinados a tiros mientras informaban desde la región.
Dos años después, la seguridad en el territorio sigue siendo precaria.
Eliesio Marubo , un líder indígena muy respetado y asesor legal de la Unión de Pueblos Indígenas del Valle del Javari (Univaja), la misma organización para la que trabajaba Pereira, dijo a Brazil Reports que poco ha cambiado desde que Lula asumió el cargo.
“Llevamos desde 2022 repitiendo las mismas respuestas a las mismas preguntas”, dijo Marubo.
“Lamentablemente, también tenemos problemas de protección, tenemos varias falacias de varios sectores del gobierno, que no son más que palabras vacías. Tenemos poca o ninguna efectividad en este punto, y no va a mejorar”.
El valle del Javari se encuentra en la intersección de importantes rutas de tráfico de drogas desde Perú y Colombia hacia Brasil. Algunos expertos atribuyen el aumento de la violencia en la región a su mayor uso por parte de bandas de narcotraficantes. La Policía Federal ha dicho que las organizaciones criminales están utilizando los ríos de la región para enviar drogas a Brasil.
El lugar donde fueron asesinados Bruno Pereira y Dom Philips
“Hay lugares donde la situación es peor que durante el gobierno de Bolsonaro, que al menos decía que no le gustaban los indígenas”, lamentó Marubo.
En el estado costero de Bahía, en el noreste de Brasil, las disputas por la tierra entre intereses agrícolas y comunidades indígenas se han intensificado en los últimos años. En muchas partes del estado, los pueblos indígenas están enzarzados en batallas legales que duran años para demarcar su territorio.
La demarcación es el proceso de garantizar la posesión de tierras y el uso de sus recursos naturales a las tribus indígenas que viven en ellas. En vigor desde la Constitución del país de 1988, las nuevas demarcaciones de tierras se detuvieron por completo durante el gobierno de Bolsonaro.
Aldea Pataxó en el sur de Bahía
En Bahía, los pueblos pataxó y tupinambá habitan la tierra desde antes de que el explorador portugués Pedro Alvares Cabral desembarcara por primera vez en 1500. Sorprendentemente, más de cinco siglos después, gran parte de su territorio no está demarcado. Un ejemplo es el territorio tupinambá de Olivença , donde el proceso de demarcación se ha prolongado durante más de 15 años. Los pataxó, por su parte, siguen esperando la demarcación de las tierras de Comexatibá y Barra Velha do Monte Pascoal. En algunos casos, las disputas legales interpuestas por los terratenientes han paralizado el proceso de demarcación.
Kâhu Pataxó, presidente de la Federación de Naciones Indígenas Pataxó y Tupinambá del Sur de Bahía (FINPAT), dijo a Brazil Reports : “Vivimos en este territorio mucho antes de que se lo llamara Estado brasileño. Existíamos antes de que el Estado brasileño existiera. Esta tierra es nuestra y lo ha sido desde hace mucho más tiempo que desde 1500”.
Pataxó también dijo que la lucha indígena en Brasil es similar a los conflictos actuales en el Medio Oriente.
“Nuestra situación es muy similar a la que ocurre en Oriente Medio, donde las disputas territoriales alimentan las guerras. Nos atacan con bombas y armas de fuego. Vivimos en un estado constante de guerra civil”, afirma Kâhu.
A medida que el proceso de demarcación se estanca, surge más violencia en la región.
En enero del año pasado, dos jóvenes pataxó, de 16 y 21 años, fueron asesinados a tiros en una emboscada en una tierra que se disputaban los pataxó y los agricultores locales. Doce días después, un policía sospechoso de trabajar como guardia de seguridad para un terrateniente local fue arrestado por los crímenes.
Un mes antes, Lucas Kariri-Sapuyá, jefe de la tribu Pataxó Hã-hã-hãe, fue asesinado por hombres armados que le tendieron una emboscada en una carretera de la misma zona. El ataque contra el líder tribal fue atribuido a agricultores rurales.
La ley del “plazo” y el fracaso de la demarcación de tierras
Gran parte de la violencia que afecta a los pueblos indígenas se centra en la cuestión del uso de la tierra. Cuando las tierras están demarcadas oficialmente por el gobierno, es más fácil enviar recursos para proteger los territorios de los acaparadores de tierras y proporcionar servicios básicos a los pueblos indígenas dentro del territorio.
Actualmente, el país cuenta con poco más de 500 territorios demarcados, mientras que muchos otros permanecen en diversas etapas del proceso de demarcación. El año pasado, el gobierno de Lula anunció ocho nuevas demarcaciones de tierras después de una moratoria total durante la administración de Bolsonaro.
“La demarcación garantiza a los pueblos indígenas la propiedad permanente de sus territorios, impidiendo que personas no indígenas exploten la tierra para actividades económicas a gran escala como la ganadería, la agricultura o la extracción de recursos”, dijo a Brazil Reports Dinamam Tuxá, coordinadora ejecutiva de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), un grupo de derechos humanos .
Tuxá enfatizó que hay aún más urgencia para que el gobierno federal procese los casos de demarcación luego de que el Congreso aprobara en enero una controvertida ley de “plazos” que actualmente está bajo revisión en la Corte Suprema.
Tierra Indígena del Valle del Javari
La ley, propuesta por los conservadores en el Congreso, exige que las comunidades indígenas demuestren que ocupaban la tierra en 1988, cuando entró en vigor la nueva Constitución que devolvió a Brasil a la democracia después de 20 años de dictadura militar. El problema, sin embargo, es que bajo el régimen militar, los pueblos indígenas fueron perseguidos y desplazados por la fuerza de sus tierras, lo que dificultó que algunos de ellos cumplieran con el requisito del plazo. Los críticos dicen que la ley pretende “deslegitimar” las reivindicaciones territoriales de los indígenas, según Mongabay .
Además, la ley permite al gobierno priorizar la defensa nacional sobre los derechos territoriales indígenas, incluso en zonas demarcadas. Esto significa que se podrían establecer bases militares u otra infraestructura sin consultar a las comunidades afectadas ni a la Funai.
“La gente tiene que entender que somos personas, que tenemos derechos y que somos diversos”, dijo Tuxá. “Creo que el gobierno federal tiene que estar más comprometido con frenar esta ola de violencia, así como adoptar posiciones concretas sobre la demarcación, el seguimiento y la reducción de la violencia contra los pueblos indígenas”.
La Corte Suprema ha estado celebrando una serie de audiencias de conciliación para escuchar a las partes interesadas involucradas en cinco demandas que cuestionan la constitucionalidad de la ley de plazos.
En estas discusiones participan representantes del gobierno federal, líderes indígenas, organizaciones de la sociedad civil, el Congreso, así como representantes de intereses agroindustriales.
En agosto, Luís Roberto Barroso, presidente del Tribunal Supremo, dijo que “la conciliación, siempre que sea posible, es mejor que el conflicto”. Añadió que todas las partes esperan “un esfuerzo sincero para encontrar una solución negociada”.
Sin embargo, Neidinha Suruí , una veterana activista indígena que ha ayudado a defender los derechos del pueblo Uru-Eu-Wau-Wau en la Amazonia durante más de 50 años, califica las audiencias de “trampas”.
“¿Por qué el gobierno nunca pidió conciliación cuando se trató de expulsar a los agricultores que invadían las tierras indígenas? Pero ahora, cuando los derechos indígenas están en juego, ponen estas trampas”, dijo a Brazil Reports .
Suruí instó al presidente Lula a asumir la responsabilidad personal de proteger los derechos indígenas, tal como ha defendido las reformas económicas en el Congreso. “Lula debe cumplir las promesas que hizo durante su campaña”, dijo.
Por Thiago Alves en Brazil Reports.
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