Amnistía Internacional (AI) ha instado este viernes a Naciones Unidas a que tome medidas «contundentes» ante la «grave» crisis de derechos humanos en Venezuela, días después de que la misión de la ONU que examina la situación en el país haya acusado al gobierno de Nicolás Maduro de urdir «un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir» a la oposición tras las elecciones presidenciales de julio.
«Mientras el pueblo de Venezuela continúa su lucha incansable por el pleno respeto de sus derechos y libertades, incluidos los derechos a la verdad y la justicia, los Estados miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben demostrar su compromiso con los Derechos Humanos en el país», ha declarado la directora para las Américas de AI, Ana Piquer.
En este sentido, la ONG ha pedido a estos países que renueven los mandatos «fundamentales» de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela así como el de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, lo que garantizaría la evaluación, «la protección e investigaciones rigurosas durante los próximos dos años».
«Al apoyar estos esfuerzos y aprobar la resolución, el Consejo enviaría un mensaje claro a las y los perpetradores, recordándoles que el mundo está dispuesto a mantener su compromiso de hacerlos rendir cuentas por sus actos», ha explicado Piquer.
Amnistía Internacional ha pedido a la ONU que tome medidas «contundentes» y «efectivas» ante la «brutalidad» y la «política despiadada y sistemática de represión» ejercidas por las autoridades venezolanas, al tiempo que ha destacado la «resistencia (…) y la inspiradora labor» de las personas defensoras de derechos humanos en todo el país.
Estas declaraciones se producen después de que este martes la Misión acusara al gobierno venezolano de sumir al país en un «clima de terror» a raíz de las elecciones presidenciales del 28 de julio, afirmando que las pruebas acreditan un nivel de persecución equivalente a crímenes de lesa humanidad.
Venezuela está inmersa «en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente», en la medida en que los abusos que están ya documentados «no son actos aislados o aleatorios» sino que forman parte de «un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir» a la oposición, asegura la Misión en su informe.
En el periodo previo a las elecciones, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas por supuestos complots contra el gobierno y sólo en julio de este año más de 120 personas quedaron bajo custodia en el contexto de la campaña electoral de la oposición.
Tras los comicios, las autoridades efectuaron más de 2.000 detenciones en pocas semanas, lo que derivó a su vez en violaciones del debido proceso y en la confirmación de que todo el sistema judicial, con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la cabeza, «está claramente subordinado a los intereses del poder ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social».
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