El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador aceptó este viernes la recusación planteada contra el juez que debía dirimir la demanda por presunta violencia política de género presentada por la vicepresidenta y embajadora en Israel, Verónica Abad, contra el presidente, Daniel Noboa, y otros integrantes de su administración.
EFE
En una resolución publicada este viernes, el TCE retiró de la causa al juez Fernando Muñoz por las declaraciones realizadas en medios de comunicación donde denunciaba que su destitución como presidente de esta corte electoral obedecía presuntamente a una intención del Gobierno por controlar ese órgano de cara a las próximas elecciones de 2025.
De acuerdo a la resolución del TCE, las declaraciones de Muñoz «denotan su disgusto, inconformidad, malestar; y, sobre lodo, el descontento que mantiene con el Gobierno de Daniel Noboa».
«El mencionado juzgador deja entender que la función ejecutiva contribuyó a su remoción como presidente del Trbunal Contencioso Electoral, buscando tornarse el control de dicha entidad pública», concluyó.
La recusación fue planteada por la asesora presidencial Diana Jácome, quien se encuentra entre las personas acusadas por la vicepresidenta de presunta violencia política de genero en esta denuncia, la misma que ella ha respondido con una contrademandada bajo los mismos cagos.
Jácome admitió en una entrevista brindada esta semana a Radio Quito que la intención con su contrademanda es lograr la destitución de la vicepresidenta, de la misma forma que ella busca la destitución del presidente con su demanda inicial.
Abad mantiene un enfrentamiento abierto con el presidente y se ha constituido como una de las voces más críticas contra el Gobierno.
El distanciamiento entre Noboa y Abad comenzó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraodinarias de 2023 que ganó Noboa, y se cristalizó tras la investidura cuando, en una de sus primeras decisiones, el gobernante la designó embajadora en Israel, con la misión de buscar la paz entre israelíes y palestinos.
En distintas declaraciones públicas, la vicepresidenta ha acusado a Noboa de estar al frente de un supuesto hostigamiento contra ella para forzarla a dimitir y así evitar que deba asumir las funciones presidenciales de manera temporal cuando el mandatario deba delegar el cargo para participar en la campaña electoral de las elecciones de 2025, donde buscará su reelección.
Algunos miembros de la administración de Noboa como el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, han llegado a decir que «sería nefasto» que Abad asumiese temporalmente las funciones presidenciales.
Desde el Gobierno consideran que Abad no ha actuado bien y sacan a colación el presunto caso de corrupción en las oficinas de la Vicepresidencia donde está imputado su hijo Sebastián Barreiro por supuestamente influir en la contratación de un funcionario y exigir a cambio parte de su sueldo.
La Fiscalía solicitó el levantamiento de la inmunidad a Abad para imputarla también en este caso, pero el pedido fue rechazado por el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) con los votos en mayoría de la oposición, frente a los apoyos obtenidos a favor del oficialismo.
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