El presidente nicaragüense Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, una iniciativa para reformar el Código Penal, con el fin, entre otras cosas, de imponer prisión de entre 15 a 30 años para las personas que promuevan o pidan sanciones contra instituciones y funcionarios públicos.
Además, la propuesta, que ajusta al menos 27 artículos de la Ley 641 del código, pretende declarar que “las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido delitos fuera del territorio» nacional.
Lavado de dinero, terrorismo, entre otros cargos que han sido impuestos anteriormente contra opositores al presidente Daniel Ortega serían juzgados bajo el principio de «universalidad», es decir, alcanza a todos, incluso a quienes estén fuera del país.
La propuesta de ley pasó este jueves a análisis y se prevé que sea aprobada el martes en una sesión parlamentaria, anunció el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, quien se encuentra sancionado por Estados Unidos.
La vicepresidente Rosario Murillo y sus hijos también forman parte de la lista de sancionados, al igual que otros funcionarios del gobierno de Ortega.
En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley que inhibía a futuros candidatos presidenciales de pedir sanciones para el país centroamericano.
La llamada “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, fue enviada de urgencia por el Ejecutivo y aprobada con 70 votos a favor y 14 en contra.
La ley establece que “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas que menoscaben la independencia, soberanía, autodeterminación o que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, no podrán optar a cargos de elección popular”.
Tampoco podrán aspirar a un cargo público quienes el gobierno considere que “exalten, o aplaudan la imposición de sanciones contra el estado de Nicaragua”.
Washington, Canadá y la Unión Europea han impuesto más de mil sanciones contra la administración de Daniel Ortega en Nicaragua, a quien señalan de violar los derechos humanos y socavar la democracia en el país centroamericano. Sin embargo estudios han indicado que no han tenido el efecto esperado.
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