Las protestas de 2018 dejaron al menos 300 muertos, según la ONU, y Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, las consideraron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
El gobierno de Nicaragua acosa a las voces críticas
El gobierno de Ortega debe «cesar el acoso judicial, policial e institucional contra las voces críticas y contra quienes ejercen su derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica», dijo la SIP.
El informe destaca que desde entonces la «persecución» hacia los medios independientes «ha empeorado» y «la libertad de expresión ha llegado a un estado crítico, prácticamente nulo»
«La libertad de prensa se ha visto acorralada a través del cierre de los medios de comunicación, la confiscación de las propiedades donde funcionaban y el silenciamiento de la práctica periodística independiente», agregó la SIP.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha calificado la situación en Nicaragua como un «tema de preocupación internacional» y la ONG Reporteros Sin Fronteras lo considera como «una película de horror».
