El partido Vente Venezuela denunció en horas de la mañana del martes la detención del coordinador regional juvenil de Vente en Bolívar, Virgilio Laverde, quien fue arrestado en horas de la madrugada del pasado 15 de agosto en Ciudad Bolívar, sumándose a los cientos de presos políticos que han sido apresados desde las elecciones presidenciales.
Laverde tiene 24 años de edad, es oriundo de Upata y se desempeña como dirigente político juvenil de Vente Venezuela en la región. Además se encontraba en espera de los actos protocolares para recibir el título de médico cirujano en la Universidad de Oriente, Núcleo Ciudad Bolívar.
Según líderes de la organización que mantienen contacto con sus familiares, el joven fue detenido la noche del 15 de agosto al salir de su residencia en la Parroquia Catedral de Angostura del Orinoco. Fue arrestado sin orden judicial y trasladado a la sede del Cicpc de la localidad.
“La detención fue aproximadamente entre las 11:00 y 12:00 pm. En su residencia en Ciudad Bolívar. Deducimos con los vecinos que él salió al frente y ya los funcionarios estaban afuera de su casa y se lo llevaron de manera arbitraria. No tenían orden de detención. No hay justificación de por qué se lo habían llevado. Hasta el momento no ha habido maltrato. Él se encuentra bien. Preso pero no ha sido maltratado física ni psicológicamente”, expresó una fuente cercana a la familia que prefirió no revelar su identidad.
La aprehensión ha seguido el mismo patrón represivo que viene marcando el Estado venezolano tras el proceso electoral del pasado 28 de julio: sin orden judicial y sin acceso a defensa privada.
La familia Laverde logró tener contacto con el líder juvenil de Vente Venezuela solo una vez por cinco minutos. La mayoría de los apresados permanecen incomunicados.
“Hoy se cumplen cinco días detenido. Su familia solo ha tenido un contacto con él. Permitieron cinco minutos para hablar con él. Del resto, los únicos que han accedido a hablar con él son los abogados. Fue trasladado a tribunales ayer para el juicio y hoy tenemos información de que lo trasladaron a un segundo juicio vía telemática con Caracas. Él es un estudiante de Medicina, está a una semana de sus actos protocolares. Se ha dedicado a ser estudiante y activista político defensor de la democracia y la verdad. Por emitir una opinión distinta al gobierno fue privado de libertad. Nunca ha estado en malos entendidos. Tenemos constancia de una carta de buena conducta por parte de la universidad para que sea incluida en su expediente”, añadió la fuente a Correo del Caroní.
Terrorismo: cargo que acompaña todos los arrestos de dirigentes políticos
Miembros de Vente Venezuela alegaron que no se había denunciado la situación hasta este martes, ante la falta de información sobre los cargos imputados.
Asimismo denunciaron que, como en otros casos de detención arbitraria, se les negó la defensa privada y no han podido nombrar abogados de su confianza. A su vez, la defensa pública impuesta no se comunica con ellos de forma efectiva.
“No tenemos contacto con los abogados públicos. No se ha tenido respuesta. Los cargos imputados, que los supimos mediante investigación, es incitación al odio y terrorismo. Con los abogados privados hemos logrado investigar y nos confirmaron esos delitos. No tenemos un documento legal donde se vea que esos son los cargos”, manifestó.
“El dolor de una madre y un padre es el llanto de millones de papás en Venezuela que están sufriendo lo mismo cuando sus hijos son muchachos de bien. Con valores y principios. Y un día amanecen con la noticia de que su hijo está preso y por algo que no es. Es el dolor de una madre que estaba a punto de ver a su hijo cumplir su más grande meta y les trunquen un momento tan bonito como familia”, cerró el testigo.
Según la información que tienen los allegados, la decisión fue referir el caso del joven de Vente Venezuela a tribunales nacionales.
De acuerdo con información de organizaciones de derechos humanos, como Acceso a la Justicia y Foro Penal el patrón ha sido enviar todos los casos asociados a protesta política desde las regiones hacia Caracas, donde los detenidos son juzgados en grupo por delitos colectivos.
La situación violenta el derecho a juicio individual, aunado a la violación al derecho a la defensa privada de los imputados.
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