Una serie de ataques con explosivos ha conmocionado el suroeste de Colombia. El municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca y el adyacente departamento del Cauca, han experimientado una escalada de violencia desde la suspensión del cese el fuego por parte del gobierno con el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC.
La violencia se ensaña con esta zona del país, donde los rebeldes del EMC incrementaron sus acciones en Cauca, con ataques continuos en los municipios de Argelia, Suarez, Cajibío y Popayán, la capital de este departamento.
Al mismo tiempo, el EMC, dividido en dos desde marzo, extiende sus brazos hacia el departamento del Valle del Cauca, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, el comandante máximo de este grupo, con múltiples atentados en Jamundí, un municipio ubicado a escasos 20 minutos de Cali.
Las acciones, que se han arreciado en Jamundí, con tres atentados con motocicletas bomba en las dos últimas semanas que han dejado a más de siete personas heridas, explica Javier Rincón, director del Centro de Estudios en Derecho Militar de la Universidad Javeriana de Bogotá, tienen el objetivo de presionar para volver a concretar un cese al fuego con el gobierno.
“Es una presión que hace parte de una estrategia constante que han tenido siempre las guerrillas colombianas cuando están sentados en una mesa de negociación, o cuando están próximos a sentarse en una mesa de negociación, o cuando quieren obtener algo dentro de la mesa de negociación. Hace parte de su manual, de intentar dar demostraciones de fuerza para efectos, de poder tener unas posiciones más de por en las negociaciones”, dijo Rincón a la Voz de América.
“Ellos quieren demostrar que mandan en la región. En gran medida lo que intentan estos frentes del EMC con los que se rompió la negociación es decirle al gobierno ‘sin nosotros no puede haber paz, ustedes nos tienen que tener en cuenta y nos tienen que devolver a la mesa de diálogo”, agregó.
El aumento de la violencia en las últimas semanas le ha generado críticas al presidente Gustavo Petro y su política de paz total, el principal emblema del mandatario, con el que apuesta a múltiples negociaciones con los grupos armados.
“Petro habla de paz en Europa mientras los terroristas a los que él tiene en mesas de diálogo siguen matando y secuestrando. En las últimas horas, ataques en Jamundí, Suárez, Puerto Alvira y Cajibío. ¿Cuál paz?”, escribió en X la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, una de sus principales opositoras.
Tras los recientes ataques en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo a medios el miércoles que “no sé renovará el cese al fuego con el EMC”.
Juan Ugarriza, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y experto en temas de paz y conflicto, explica que a la política de paz total del gobierno le ha faltado una “estrategia de paz” en las negociaciones con estos grupos armados.
“La ausencia de una estrategia real no ha creado incentivos para que ninguno de estos grupos armados esté dispuesto a dejar el conflicto y en la medida que el gobierno no cree una estrategia para que eso ocurra la violencia tenderá a incrementarse”.
En ese sentido, menciona que ante este contexto se van a seguir presentando situaciones contradictorias a los ceses al fuego pactados, por lo que el gobierno debería “desatarle las manos a la fuerza pública”.
“La acción militar no es contraria a la búsqueda de la paz y el gobierno debería entender que es un actor necesario e importante para que la paz ocurra, eso en este momento no existe. Entonces, la presión militar es fundamental en la medida que esté articulada con una estrategia general que involucre instituciones del estado para que estos grupos dejen la violencia”, agregó.
Por último, el Ejército anunció el despliegue de militares con experiencia en desarrollo de operaciones urbanas, rurales, antiexplosivos y asalto aéreo, que estarán principalmente en las zonas de Jamundí, donde el EMC ha incrementado su accionar armado.
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