El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el miércoles un nuevo estado de excepción en siete de las 24 provincias del país, así como en un área de otra provincia, citando un aumento en el número de delitos en esas jurisdicciones.
Las provincias son Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos, Orellana, y en el cantón Ponce Enríquez, de Azuay, según un comunicado emitido por la Presidencia.
La decisión contó «con el respaldo unánime del Consejo de Seguridad Pública y Estado (Cosepe)», informó el comunicado.
La medida tendrá una vigencia de 60 días, según un decreto firmado por Noboa, quien en enero declaró a Ecuador en guerra y designó a 22 bandas criminales como grupos terroristas.
«Hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales, ante la ofensiva militar, se han resguardado y atrincherado en siete provincias», dijo Noboa. «Así, como pasamos de caos total a la paz, volveremos a vencer», zanjó.
Noboa declaró el estado de excepción en medio de una espiral de violencia en la nación andina que los funcionarios atribuyen a una pugna entre las bandas de narcotraficantes.
En virtud de la medida, el mandatario desplegó a miles de soldados y policías a calles y prisiones, y las fuerzas de seguridad realizaron más de 18.000 arrestos, según datos oficiales.
Uno de los puntos detonantes fue la fuga de la cárcel de los líderes criminales Adolfo Macías y Fabricio Colón Pico y la toma en vivo el 9 de enero por parte de encapuchados armados de un canal de televisión estatal.
Derechos humanos, en alerta
Organizaciones de derechos humanos y la Fiscalía del país han puesto los ojos sobre el aumento de denuncias sobre violaciones en la ejecución de los operativos.
La organización estadounidense Human Rights Watch denunció el miércoles que Ecuador registra una serie de violaciones a los derechos humanos sin que los responsables rindan cuentas ante la justicia, luego de la promulgación del estado de conflicto armado interno.
En una carta enviada al presidente Noboa, el grupo de defensa de los derechos humanos cuestionó la existencia de un conflicto armado interno, aduciendo que el mismo “parece carecer de sustento legal” y precisó que esa condición implica una “violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados”.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, señaló que tal situación ha contribuido a “serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad” que incluyen al menos una presunta ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias, malos tratos y falta de procesamiento judicial de unos 13.000 detenidos.
La Fiscalía General de Ecuador informó que está investigando ocho presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales que habrían tenido lugar en este periodo.
Estos casos son los más graves denunciados en este tiempo por parte de personas detenidas, grupos de defensa y familias de las víctimas.
Otros abusos denunciados incluyen casos de tortura y extralimitación, según un recuento proporcionado a Reuters por la oficina de la fiscal general, mientras que organizaciones de derechos humanos han alertado de detenciones arbitrarias y tratos inhumanos en las cárceles.
[Parte de la información para este reporte provino de Reuters y The Associated Press]
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