El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el domingo en un mensaje a la nación que presentará al Congreso una reforma legal que permita la destitución de la fiscal general, Consuelo Porras, a la que ha responsabilizado de liderar un «golpe de Estado» para que no pudiera asumir como mandatario en enero.
Desde que Arévalo fue elegido en agosto de 2023 prometió que pediría su renuncia a Porras, jefa del Ministerio Público (MP). Sin embargo, ella evadió las reuniones a las que fue citada este año por el mandatario y ha dicho reiteradas veces que terminará su período en el cargo, que vence en mayo de 2026.
«He decidido presentar al Congreso de la República una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual abrirá el camino para que la fiscal general rinda cuentas (…) y sea removida de su cargo en el marco de la ley», dijo Arévalo. «El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya», añadió.
Tras la victoria de Arévalo en las urnas, la fiscal general intentó impedir la investidura del presidente electo con varias acciones legales que justificó con supuestas irregularidades de su partido, Movimiento Semilla, en el registro de votantes antes de las elecciones.
En 2021 y 2022, Porras fue sancionada por Estados Unidos e incluida en la lista de actores corruptos y antidemocráticos de ese país. La Unión Europea, Canadá y otras naciones también han prohibido el ingreso de la fiscal general por sus intentos de «socavar la democracia» en Guatemala.
Horas antes del anuncio presidencial, el MP informó en un comunicado en X que presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) «ante la amenaza real, cierta e inminente» de que Arévalo anunciara «acciones ilegales» para remover a la fiscal general.
En el escrito, pidió a la CC que «ordene» al presidente Arévalo «que se abstenga de adoptar medidas políticas, nacionales e internacionales (…) que pretendan tomar el control del Ministerio Público».
El MP es un ente autónomo y el presidente no puede destituir a la fiscal, potestad que está en manos del Congreso, donde Arévalo no tiene mayoría suficiente para aprobar la reforma que plantea.
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