La candidata presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela, María Corina Machado, dijo que el país debe adoptar una «posición de Estado» en la disputa territorial que mantiene con Guyana y contratar la mejor defensa posible para «ganar» el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una vía rechazada por el Gobierno de Nicolás Maduro.
«La controversia se está resolviendo a nivel de la CIJ, al margen de que nos guste o no nos guste, es allí donde está y ya Venezuela ha actuado, por lo tanto, no la puede desconocer. La corte va a emitir un veredicto que es de nuestro obligatorio cumplimiento», sostuvo.
Consideró que Venezuela debe pasar de rechazar la intervención de la CIJ a preparar una defensa con los expertos más calificados para defenderse en este proceso, pues -reiteró- el país cuenta con «elementos de fondo» y con «la razón histórica para ganar» el litigio sobre esta zona, rica en petróleo, de casi 160.000 kilómetros cuadrados.
«Estamos a tiempo, hasta abril, para presentar la contra memoria, tenemos los argumentos, la historia nos respalda», añadió Machado, que en 2011 propuso una ley para aumentar la presencia militar y el control de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, tras considerar que el Gobierno cometía «errores» en esta materia.
A juicio de la exdiputada, se corre el riesgo de «perder» este territorio debido a «declaraciones, acciones y omisiones» del Gobierno socialista, en el poder desde 1999, al que responsabiliza por haber permitido que Guyana reforzarse su dominio de la zona, de la que Venezuela no ejerce un control real desde 1899.
Aunque coincide con el chavismo en que el área disputada «pertenece» a Venezuela, difiere del mecanismo planteado por el Ejecutivo en esta controversia, especialmente del referendo del 3 de diciembre, que no tendrá carácter vinculante, en el que se preguntará a los ciudadanos si están de acuerdo o no con anexionar este territorio a la geografía nacional, entre otras cuestiones.
«Entrar en esa diatriba hoy es perjudicar la posición de Venezuela y debilitar nuestra posición de cara al Derecho internacional. Eso es algo que no podemos permitir», sostuvo la política, quien reiteró que la «soberanía se ejerce, no se consulta».
