El Ministerio Público (MP) de Venezuela investigará a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por detener «ilegalmente» a un ciudadano, dijo este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab, sin precisar cuántos agentes estuvieron implicados en este caso.
A través de X (antes Twitter), informó de la designación de dos fiscales para «investigar y sancionar los irregulares hechos» por parte de los agentes, quienes, bajo «agresión física y haciendo uso de sus armas orgánicas y vehículos del Estado», detuvieron «arbitrariamente» a una persona.
La víctima, prosiguió Saab, fue trasladada «hasta una estación policial» en el oeste de Caracas, donde lo retuvieron «sin que pesara sobre él una orden de aprehensión ni una flagrancia».
Agregó que, por estos hechos «violatorios a los derechos humanos, se solicitó la «orden de aprehensión ante los tribunales» de Caracas de estos funcionarios.
Ayer, Saab informó de la apertura de una investigación contra agentes de la División Contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana (DAET-PNB) por cometer «abuso de poder» contra una familia, a la que obligaron a acudir a una sede policial sin justificación, «violando sus derechos humanos».
Un informe de la Misión Internacional Independiente para Venezuela de la ONU presentado en septiembre pasado señala que parte de la estructura y acciones de las antiguas Fuerzas de Acción Especial (FAES), acusadas de ejecuciones extrajudiciales y otros abusos de derechos humanos, disueltas en 2022, han sido heredadas por la DAET.
Este «mero cambio de nombre», según dijo entonces la presidenta de la misión, Marta Valiñas, evidencia «la impunidad persistente y la continuidad en las violaciones graves».
El ministro venezolano de Exteriores, Yván Gil, dijo hoy ante la Corte Penal Internacional (CPI), donde Caracas ha buscado frenar una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, que la justicia de su país lleva a cabo sus propios procesos.
Resumió que, hasta hoy, «más de 255 agentes del Estado fueron imputados, 64 acusados y 62 condenados» por lo que calificó de «casos de violaciones de derechos humanos que son interés» de la CPI y su fiscal Karim Khan.
