Alex Saab a la izquierda, cuando estaba preso en EEUU. El capitán y abogado Juan Carlos Guillén, en la cárcel de Apure
En parte fue una burla lo ocurrido con la liberación de presos políticos a cambio de Alex Saab y la flexibilización de las sanciones. Nicolás Maduro se comprometió a excarcelar a 12 estadounidenses, como parte del grupo de 36 personas, cuatro del equipo de María Corina Machado.
SEBASTIANA BARRÁEZ || INFOBAE
Aunque copó las primeras páginas de los medios, gracias a la estampida de propaganda del régimen venezolano, el 20 de diciembre, en casos como el del juez Carlos Jaimes y el abogado Juan Carlos Guillén, fue una farsa, porque un mes después los llamaron al Tribunal y ahí mismo los condenaron a 5 años y 6 meses de prisión, sin prueba alguna.
Haciendo gala de que se burla de los pactos internacionales, de la mesa de negociación y de los acuerdos establecidos, el 25 de enero 2024, el régimen de Nicolas Maduro que hizo un acuerdo con Estados Unidos, a cambio de la liberación del comerciante colombiano Alex Naín Saab Morán y la flexibilización de sanciones, violando el pacto, condena a Jaimes y Guillén. Días después, activa la puerta giratoria, y coloca en escena supuestas cinco operaciones conspirativas, que se suman a otra veintena anteriores.
El régimen venezolano, antes de diciembre 2023, denunciaba que Alex Saab era torturado en los Estados Unidos; el comerciante, nombrado diplomático por Nicolás Maduro, se mostraba en perfectas condiciones, mientras que algunos de los presos políticos venezolanos han tenido evidencias de ser torturados, drogados, abusados sexualmente, amenazados sus hijos y hasta padres ancianos.
El 10 de diciembre 2021, Carlos Alberto Jaimes Gómez, fue detenido siendo juez en el estado Apure, y también Juan Carlos Guillén Rosales, un capitán retirado del Ejército y abogado defensor de El Finquero, Reyes Gabriel Hernández González, dueño del hato Chaparralito, del estado Apure. El 20 de diciembre los liberan con presentación cada 15 días.
Cuando los dos juristas se presentan el 25 de enero, la fiscal 10° de Apure, Luisa Elena Castillo, recibiendo órdenes del Fiscal Superior Eduardo Juárez, solicitó condena de 5 años y 6 meses, lo que así decretó el juez. Les advirtieron que no denunciaran porque sería revocada la medida de libertad.
Es relevante que no se efectuó audiencia física, por lo que ni el Ministerio Público ni la Defensa expusieron nada, tampoco hubo argumentos ni conclusiones. Se mantuvo entonces la privativa de libertad con medida sustitutiva de presentación cada 15 días.
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