Diversos expertos internacionales predicen que la migración desde Venezuela se mantendrá en niveles elevados, lo que beneficiaría a las organizaciones criminales que ya se han lucrado del continuo éxodo.
Por InSight Crime
Venezuela sigue sumida en una crisis humanitaria y económica que ya se prolonga por una década, según un informe independiente de reconocimiento presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 25 de septiembre.
La directora de la misión de reconocimiento, Marta Valiñas, declaró que las violaciones a los derechos humanos y las tácticas represivas del gobierno venezolano han “dado lugar a una cultura predominante de miedo, desconfianza y autocensura”.
Tanto la hiperinflación como los racionamientos de combustible, alimentos, agua y medicamentos han llevado a casi ocho millones de venezolanos a huir del país desde 2014, según R4V, plataforma de la ONU para el monitoreo de la crisis. Hace una semana, R4V divulgó sus cifras más recientes, que muestran además que existe un número consistentemente alto de venezolanos que siguen desplazándose hacia Estados Unidos.
La mayoría de los migrantes venezolanos permanecen en países suramericanos. Pero cada vez más se han abierto camino hacia Estados Unidos después de la pandemia de COVID-19, que dejó aporreadas las economías de muchos países latinoamericanos y por ende se encuentran incapaces o renuentes a tender la mano a los migrantes venezolanos.
Las condiciones en Venezuela también llevaron a la administración del presidente Joe Biden a anunciar un paquete de políticas que amplía el estatus de protección temporal (temporary protective status, TPS) para los venezolanos en Estados Unidos.
El TPS dispone protección frente a la deportación para quienes llegan a Estados Unidos antes de una fecha determinada, lo cual les da a los adultos acceso relativamente ágil a permisos de trabajo y les permite a sus hijos asistir a la escuela, sin importar si ingresaron al país por un puerto de entrada legal.
